“Muchos legisladores no se deben haber dado cuenta, pero con esta reforma aseguramos el corazón del programa libertario”, expresaron desde la Casa Rosada, aludiendo a que al cerrar por completo el grifo de la emisión monetaria se obliga a las futuras administraciones a mantener un equilibrio presupuestario.
La reforma del Banco Central se considera una herramienta fundamental, complementada por el proyecto de “shutdown” presentado en julio, que establece que, si las cuentas públicas muestran un resultado deficitario durante varios meses consecutivos, el Congreso contará con un plazo limitado para equilibrar el presupuesto.
Si no se logra dentro de ese tiempo, se aplicará automáticamente el shutdown, lo que implica la paralización de las actividades estatales no esenciales, el congelamiento de nuevos gastos y adquisiciones, la suspensión de contratos y la detención total de las transferencias discrecionales a las provincias.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró sus compras de divisas, lo que contribuyó a la mejora de las reservas netas, mientras que las tasas de interés volvieron a aumentar.
Aquellos que conocen al primer mandatario destacan la relevancia de este avance, recordando que para Milei su objetivo primordial no es perpetuarse en la presidencia, ya que en más de una ocasión ha manifestado que no tendría reparos en regresar a su hogar. En cambio, su meta es “dejar como legado las bases para que la Argentina sea el país más libre del mundo”.
En este sentido, aseguran que uno de sus mayores logros será “impedir que se puedan financiar los políticos corruptos a través de un Estado opresor”, como ha afirmado.
El incumplimiento de lo establecido en la reforma del Banco Central conllevará consecuencias personales, ya que la emisión monetaria no autorizada será considerada un delito, lo que acarreará penas de prisión para los directivos del Banco y para aquellos funcionarios que autoricen o promuevan la impresión de dinero para cubrir el déficit del Tesoro.
Adicionalmente, el gobierno buscará extender este tipo de sanciones a quienes aprueben gastos no contemplados o presupuestos deficitarios sin contar con las partidas de financiamiento adecuadas.
Es esencial mencionar que la Reforma del BCRA implicará la prohibición total de otorgar préstamos a la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios. Además, se eliminarán los adelantos transitorios y se prohibirá la compra de bonos directamente al Estado. A esto se suma que, si un futuro gobierno deseara remover a las autoridades del Banco, necesitaría la aprobación previa de ambas cámaras con el apoyo de dos tercios de los votos.
Un riesgo asociado a esta reforma es que el gobierno podría carecer de capacidad de emisión en caso de emergencias, como pandemias o crisis extremas. Asimismo, ante la potencial asfixia financiera de las provincias, podría surgir la necesidad de emitir bonos locales.
En conclusión, si la reforma de la carta orgánica del Banco Central es aprobada, se considera que dificultará el retorno a la emisión monetaria y, por ende, contribuirá a evitar el resurgimiento de la inflación.
Vale recordar la afirmación de Milton Friedman en 1963: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, en el sentido de que solo puede ser producida por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción”, una frase que Milei repite frecuentemente.
Esto implica que los legisladores deberán ser más cautelosos al momento de aprobar gastos y definir el origen de los fondos, devolviendo a la importancia del presupuesto en el país, algo que se ha perdido en medio de la elevada inflación y el manejo discrecional de recursos por parte de las autoridades. El 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso el proyecto del presupuesto para 2027, y se espera que en esta ocasión sea analizado con mayor atención que en el pasado.
Otra novedad relevante de la semana fue el anuncio del ministro de Economía sobre la utilización de 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, destinados a otorgar créditos hipotecarios.
Esta iniciativa no solo se considera una “práctica pecaminosa” desde la perspectiva libertaria, dado que implica direccionar el crédito, sino que también se considera una “herejía mayor” al fijar la tasa de interés (con un tope de UVA más 7,5% para los préstamos).
Para comprender la inconsistencia de esta medida, es necesario recordar a Ludwig von Mises, otro de los economistas venerados por el presidente, quien en 1929 sostuvo que “Cualquier intento del Estado de fijar precios, salarios o tipos de interés a niveles distintos de los que determinaría el mercado libre destruye la capacidad del sistema de precios para guiar la producción. La intervención estatal no logra los fines que sus defensores persiguen, sino que crea un estado de cosas peor que el que pretendía alterar”.
No obstante, el ministro avanzó con esta medida utilizando términos como “justicia social”, que son rechazados por el liberalismo, con el cometido de promover la reactivación de la construcción.
Desde la oposición, esta acción ha sido interpretada como un reconocimiento de que el nivel de actividad económica no es el esperado por el Gobierno, tal como lo admitió en su momento el presidente del Banco Central.
Se considera que esta situación es crítica, ya que si la actividad económica no muestra un adecuado dinamismo, mantener el equilibrio fiscal se tornará complicado debido a la disminución en la recaudación impositiva.
Cabe destacar que el Gobierno ha reducido impuestos y enfrenta el desafío de que cerca del 60% de los gastos se ajustan por inflación pasada. Esto se convierte en un problema cuando los índices de inflación disminuyen, ya que implica que estas erogaciones se recuperan en términos reales. Además, los ingresos sufren fuertemente debido a que el sector privado formal ha perdido más de 241.000 empleos desde noviembre de 2023. Si se incluyen los despidos en el sector público y en el ámbito doméstico, la destrucción de empleos formales alcanza los 337.000, según cifras oficiales.
Los analistas indican que es interesante notar que la dirigencia libertaria ha demostrado pragmatismo frente a las dificultades. Además, en medio de los múltiples proyectos legislativos dirigidos a atender la situación de los morosos, se comenta que en el Ministerio de Economía se estarían considerando medidas para ayudar a los cerca de 6 millones de morosos que existen en el sistema financiero, aunque esto se categoriza como “un problema entre privados”.
