Con la jura de los nuevos legisladores prevista para el 10 de diciembre, el mapa de poder en el Congreso ha mutado significativamente respecto al escenario de fragmentación de 2024. El oficialismo, fortalecido tras el espaldarazo en las urnas de octubre, prepara una convocatoria a Sesiones Extraordinarias que no busca solo sobrevivir, sino transformar. El decreto que ultima la Secretaría Legal y Técnica incluye un paquete ambicioso de reformas laborales de segunda generación y simplificación tributaria (“Ley de Competitividad”) que habían quedado en el tintero durante los primeros dos años de gestión. La Casa Rosada interpreta el resultado electoral como un mandato para acelerar a fondo, abandonando el gradualismo parlamentario.
Sin embargo, la “mayoría automática” es una ilusión óptica. Si bien La Libertad Avanza ha duplicado sus bancas y consolidado su interbloque con el PRO, aún depende de negociaciones finas con bloques federales provinciales para alcanzar mayorías especiales en temas constitucionales. La estrategia del Ejecutivo es clara: aprovechar la “luna de miel” de la victoria de medio término para imponer la agenda en enero y febrero, evitando que la oposición se reorganice tras la derrota y bloquee iniciativas clave.
El foco de tensión se desplaza ahora hacia el Senado, donde la vicepresidenta deberá administrar una cámara que, aunque menos hostil que en el inicio del mandato, sigue siendo el bastión de resistencia de los gobernadores peronistas. La negociación por la Ley de Coparticipación Federal —una promesa de campaña postergada— asoma como la moneda de cambio inevitable. Las provincias exigen recursos automáticos a cambio de levantar la mano para las privatizaciones remanentes (como el Banco Nación) que el Gobierno quiere liquidar antes de 2026.
El verano legislativo será, por tanto, una prueba de madurez para el oficialismo. Ya no pueden culpar a la “máquina de impedir” si las leyes no salen. Con mayor músculo político propio, la responsabilidad de la gestión parlamentaria recae enteramente sobre los espadas del Gobierno, que deberán demostrar si la victoria electoral se traduce en gobernabilidad efectiva o si las internas propias del crecimiento empiezan a esmerilar el proyecto.
