En una entrevista con Radio 750, la diputada, quien fue parte de La Libertad Avanza, brindó información sobre la acusación contra altos funcionarios del gobierno libertario por el supuesto desvío de fondos públicos previstos para el mantenimiento de las rutas nacionales.
Pagano sugerió que el proceso judicial debería seguir un camino “como mínimo similar” al de la causa Vialidad, que actualmente afecta a Cristina Kirchner, quien se encuentra en prisión y proscripta.
“La denuncia ha sido presentada en el juzgado federal Nº10, dirigido por Julián Ercolini, el mismo juez que llevó la causa Vialidad, impulsada por Javier Iguacel, donde se examinan estos fondos y se ha dictado condena a figuras como Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, señaló.
“Cristina Fernández de Kirchner tiene actualmente una tobillera y enfrenta proscripción como resultado de esta causa”, añadió Pagano.
La diputada consideró crucial resaltar este aspecto, ya que, en caso de que el destino le favorezca, será este juez quien deba evaluar y, según su perspectiva, condenar al presidente Milei por maniobras similares en el manejo de los fondos.
Recordó que el juez Ercolini había indicado que esos fondos eran excesivos para las provincias en las que, supuestamente, el Gobierno mantenía vínculos lucrativos.
Pagano agregó: “Si solo nos enfocamos en el monto recibido, ya vemos la discrecionalidad existente”. Para respaldar su argumento, indicó que al comienzo de la administración de Milei, “los fondos permanecieron congelados por más de seis meses”.
“Desde la asunción de Milei, esos fondos no fueron tocados. Esto ya indica que tenían conocimiento de lo que estaban gestionando y optaron por no utilizarlos”, afirmó.
¿Hasta cuándo? Pagano explicó que esto ocurrió “hasta que los necesitaron políticamente, cuando se discutió la Ley Bases, tras el primer verano. En ese momento, cuando los votos en el Senado se tornaron complejos, se logró un empate que fue resuelto por la vicepresidenta”.
Esto, aseveró, es evidente: “Liberaron los fondos para obtener los votos de sus aliados. Esto ocurrió en 2024. A partir de ahí, días antes y después de las votaciones, cuando necesitaban el respaldo de los gobernadores, se liberaron esos fondos”.
Según expuso en su denuncia, durante esos períodos se incrementó hasta un 300 por ciento el envío de recursos.
“Cuando se iniciaron las negociaciones por los votos, y no para todas las provincias, sino solo aquellas que apoyaron las iniciativas de Milei”, subrayó.
Por ello, puntualizó que también se debe investigar el respaldo a ciertas leyes: “Esto necesita ser indagado. Lo considero necesario porque el Congreso se ha convertido en una escribanía del poder, impulsado por los facilitadores”.
“Hay una diferencia entre los diputados del mismo partido, que no necesariamente deben votar con unanimidad. Sin embargo, resulta extraño observar cómo muchos legisladores cambiaron de postura ideológica y, como los escuché, casi votan pidiendo disculpas”, recordó.
“Como ocurrió con la reforma laboral, donde muchos alegaban que no deberían votar a favor, pero alegaban que el contexto los obligaba. Es evidente que el dinero los arrastra. Esto constituye un delito”, enfatizó.
