En el informe, los países implicados están clasificados en tres niveles. Argentina se sitúa en el Nivel 3 de la denominada Red de Triangulación en la Sombra, siendo clasificada como un “nodo de riesgo”.
La operación consiste en desviar productos chinos hacia un tercer país para evitar los elevados aranceles que se aplican al ingreso directo a Estados Unidos. En ese tercer país, los productos pueden ser reempaquetados o recibir una nueva identificación de origen antes de continuar a su destino en el mercado estadounidense.
Este esquema aprovecha una diferencia significativa entre los aranceles aplicados a los productos provenientes de China, que rondan el 50%, y los aranceles correspondientes al país intermediario.
El documento define a la red clandestina de trasbordo como un sistema distribuido que consiste en centros de terminación, plataformas logísticas, corredores de procesamiento, operadores de zonas francas y centros de reexportación, permitiendo que productos de origen chino entren al mercado estadounidense bajo nuevas identidades nacionales.
Los productos considerados vinculados a China son aquellos que “no necesariamente son declarados como de origen chino al ingresar al país, pero que presentan indicios sustanciales de origen económico, control o contenido chino”.
Según el texto, el costo total de esta operatoria para Estados Unidos se estima en alrededor de 60.000 millones de dólares anuales, según datos del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, lo que también implicaría la pérdida de aproximadamente 450.000 empleos.
Argentina está incluida en lo que se denomina “Corredores Latinoamericanos”, junto con Brasil, Chile, Colombia y Perú, países a los que Washington atribuye un rol en el almacenamiento en depósitos fiscales y el ensamblaje de productos de origen chino, que después pueden ser dirigidos hacia Estados Unidos a través de rutas comerciales en el Atlántico y el Pacífico.
La clasificación de la Casa Blanca se divide en tres categorías.
El Nivel 1 está compuesto por “líderes diversificados a gran escala”, países y bloques que concentran significativos volúmenes de bienes relacionados con China y que además cuentan con “bases industriales diversificadas y grandes plataformas de exportación hacia Estados Unidos”. Este grupo incluye a Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.
El Nivel 2 incluye a los “líderes a gran escala con una importante integración económica con China”, es decir, países con “volúmenes relevantes de triangulación” y una fuerte participación en cadenas de suministro, plataformas manufactureras, sistemas logísticos y canales de redireccionamiento regional. Este nivel incluye a Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.
La Argentina, en el Nivel 3, junto a otros países considerados como “pequeños objetivos oportunistas de China”, es descrita como economías con “menores volúmenes absolutos de trasbordo ilegal”, pero con características que las convierten en “eslabones débiles” que las hacen atractivas para operaciones de redireccionamiento de productos relacionados con China. Estas características pueden incluir mano de obra barata, zonas francas, acceso portuario o fronterizo, depósitos aduaneros, capacidad de ensamblaje especializada, acceso preferencial al mercado estadounidense o controles aduaneros limitados.
El Nivel 3 es el grupo más amplio y menciona ejemplos como Camboya, por su mano de obra y zonas de procesamiento; Laos y Myanmar, debido a sus corredores fronterizos con China; Panamá y Costa Rica, por sus plataformas logísticas y de reexportación; Azerbaiyán y Georgia, por sus conexiones ferroviarias y puertos secos; y Jordania, por su acceso comercial preferencial y capacidad de ensamblaje.
Este señalamiento de Washington sobre Argentina coincide con la participación del embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, en un foro energético en Buenos Aires, donde criticó las relaciones de empresas locales con compañías chinas. Lamelas mencionó que “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología”.
Esta afirmación se relaciona con una advertencia de Estados Unidos a una cooperativa en Neuquén por un contrato con una firma china para el despliegue de una red de fibra óptica. La respuesta de China llegó a través de un comunicado de su embajada en Buenos Aires, en el que se calificaron las acusaciones de Lamelas como una “calumnia sin fundamento”.
Además, la embajada china en Argentina resondió a las declaraciones del embajador Lamelas, quien había cuestionado el gobierno de Beijing y la participación de empresas chinas en proyectos estratégicos. El portavoz de la embajada afirmó que las afirmaciones del embajador estadounidense generalizan el concepto de seguridad nacional y buscan generar temor en el mercado.
La embajada también criticó la política estadounidense hacia las empresas chinas, señalando que la estrategia de limitar la participación de compañías de China en sectores considerados estratégicos responde a una mentalidad de Guerra Fría.
Finalmente, el portavoz cuestionó las advertencias emitidas por Washington en relación a Argentina, proponiendo que esas acciones no están alineadas con la política de apertura económica del país.
