Pasados dos años y medio, el avance de esta iniciativa ha sido significativo en aspectos normativos e institucionales, incluyendo cierres y unificaciones de oficinas, decremento de tarifas y parcial digitalización. Sin embargo, también se evidencia una clara diferencia entre las metas originales y el grado de implementación actual.
La emisión de la Resolución 411/2026 el 31 de agosto marcó una nueva fase en este proceso, anunciando la unificación de registros, el cierre de 14 oficinas y la suspensión operativa de 13 delegaciones que ya habían sido objeto de disposiciones anteriores.
A finales de 2023, Argentina contaba con 1.557 registros de propiedad automotor, un sistema basado en sedes físicas, jurisdicciones rígidas y trámites en papel. El objetivo del Gobierno fue reemplazar este modelo con uno que permitiera procesos digitales y centralizados, aunque dicha transición ha sido más desafiante y demorada de lo que se había anticipado.
El primer paso formal se dio con el DNU 70/2023, que modificó el Régimen Jurídico del Automotor, permitiendo que las inscripciones y anotaciones se realicen no solo en registros seccionales, sino también directamente ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). Esta medida buscaba establecer un sistema nacional de inscripción fácil y accesible.
En la práctica, esto implicaba una transformación profunda. La idea era disminuir la dependencia de oficinas físicas y fomentar una mayor intervención directa de la DNRPA. Esta fue la base del proyecto presentado por Milei como una vía para desburocratizar el sector automotor y reducir costos para usuarios y empresas.
El desafío era considerable, dado que a finales de 2023, el registro contaba con una compleja estructura de 1.557 oficinas con competencias diferenciadas y un fuerte apego a la jurisdicción territorial. Las normativas existentes aún delineaban al sistema como una red amplia y diversa, lo que subraya la magnitud del rediseño buscado por el Gobierno.
Un aspecto notable fue la extensión del plazo establecido por el plan derivado del DNU 70/2023, que preveía una solución digital completa para el 2 de mayo de 2024, fecha que se cumplió sin el lanzamiento de un sistema totalmente funcional. Meses después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, despertó expectativas sobre la posibilidad de realizar trámites desde casa, pero la ventanilla única nacional aún no se estableció en el tiempo previsto. Este incumplimiento pronto reveló que las dificultades eran más profundas y variadas que una simple desaceleración política.
Entre las barreras del proyecto se halló la necesidad de digitalizar documentación histórica, así como contar con una plataforma capaz de manejar todas las transacciones. A fines de 2024, fuentes oficiales estimaban que alrededor de un 30% de los expedientes permanecían en formato físico, lo que obstaculizaba la migración total. Este desafío se materializó en normativas concretas, como la Resolución 272/2024, que determinó que todas las tramitaciones posteriores a su aprobación debían ser registradas en un repositorio digital.
La reforma, aunque encaminada, avanzó rápidamente en aspectos físicos y administrativos. La Resolución 209/2024, emitida en julio de 2024, marcó el comienzo formal del cierre de registros seccionales, y posteriormente, la Resolución 19/2025 llevó a la eliminación de 155 oficinas. La Resolución 411/2026, del 31 de agosto de 2026, sumó 14 cierres adicionales, totalizando 305 supresiones desde que inició la reforma. El criterio del Gobierno se centró en registros interventores, vacantes o que, según el Ministerio, ya no tenían justificación.
Un aspecto que generó confusión fue el uso de diferentes modalidades para reducir el sistema. La supresión de un registro no necesariamente implicaba su cierre operativo inmediato ni significaba una unificación de competencias. La Resolución 411/2026 no solo estableció el cierre de nuevas oficinas, sino que también ordenó la clausura operativa de otras 13 que ya habían sido eliminadas por resoluciones anteriores.
Además de los cierres, una de las transformaciones más significativas fue la eliminación de las divisiones territoriales, estableciendo una jurisdicción única en todo el país. Esto permite a los usuarios elegir el registro donde realizar sus trámites, debilitando la tradicional asociación de cada operación con una oficina específica. Sturzenegger mencionó que esta medida prometía competencia entre registros, haciendo de esta reforma una de las más ambiciosas en términos institucionales.
La creación del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA) fueron otros hitos significativos. Según la Resolución 272/2024, el LDU reemplaza al Legajo B físico y el CDA se integra al sistema SURA para calificar trámites digitalmente. No obstante, los registros físicos permanecen, ya que la norma establece que el documento físico debe seguir en poder del funcionario a cargo. Esto significa que aunque el sistema avanza hacia la digitalización, la coexistencia del soporte físico y un archivo histórico está lejos de desaparecer por completo.
La digitalización del sistema no fue generalizada de una vez. El primer enfoque se centró en la inscripción inicial de vehículos 0 km, con la Disposición 93/2025 habilitando trámites remotos a través del Registro Único Virtual (RUV). Posteriormente, la Disposición 829/2025 estableció condiciones para modernizar la gestión de trámites, ampliada luego a personas jurídicas a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Esto indica que la digitalización ha avanzado, pero de manera parcial y en un conjunto específico de trámites.
En cuanto a los costos, la Resolución 273/2024 estableció un arancel reducido para inscripciones iniciales y transferencias. Sin embargo, a pesar de estas reducciones y de los cierres en curso, el Gobierno continúa en 2026 sin haber consumado completamente la transformación prometida, lo que llevó al lanzamiento del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, a través de la Resolución 306/2026.
Este nuevo estándar reconoce que la fase inicial abarcaría cerca de 200 registros intervenidos, evidenciando una continuación del proyecto que aún está en desarrollo. El mensaje enviado fue de progreso, aunque también una confirmación de que los resultados concretos para los usuarios siguen siendo limitados. Un indicio de este cambio de perspectiva se dio con la Resolución 403/2026, que canceló un concurso para cubrir un cargo en un registro que había estado vigente por más de veinte años, reflejando una evolución en la visión del Gobierno sobre el sistema.
En definitiva, los dos años y medio de reforma presentan una imagen dual: por un lado, se ha pasado de una simple consigna de campaña a un conjunto de normativas y herramientas digitales, y por otro, la promesa de un registro automotor completamente digital y nacional se enfrenta a la rigidez de los documentos físicos y a la complicada tarea de modernizar millones de antecedentes. La publicación reciente de la Resolución 411/2026 enfatiza que el rediseño del sistema continúa, pero aún está lejos de completarse.
