Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, comunicó esta situación a través de un video en las redes sociales del sindicato, donde afirmó que, de acuerdo a lo publicado por algunos medios, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, algo que consideró una conquista histórica lograda por su padre, Hugo Moyano, en la década de los 80. Subrayó que en cada nueva licitación se ha garantizado el resarcimiento económico a unos 6 mil trabajadores del sector.
Por este motivo, el sindicalista anunció que este lunes él, junto al secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, comenzará un ciclo de asambleas en todas las empresas del sector de recolección en la Capital Federal. El objetivo es garantizar que los legisladores y el gobierno de la ciudad, a quienes calificó como “anti-obrero” y “anti-trabajador”, incluyan el pago de indemnizaciones para los trabajadores de la recolección de residuos cuando se convoque a la licitación el año próximo.
“Comenzamos con las asambleas, con las demoras, con todo lo que nosotros sabemos hacer”, advirtió Moyano, quien destacó que más de 7 mil trabajadores esperan el pago de las indemnizaciones. Recordó a aquellos que dieron su vida durante la pandemia y a muchos que lamentablemente fallecieron. “Por la memoria y reconocimiento a esos trabajadores que han fallecido, vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar ese logro histórico que se ha estado pagando durante más de 30 años”, añadió.
El reclamo del dirigente se relaciona con lo que algunos denominan la Ley Moyano. No es una norma formalmente aprobada ni tiene un fundamento jurídico sólido, sino más bien una práctica a través de la cual el Sindicato de Camioneros ha logrado, desde 1998, que los trabajadores sean despedidos, indemnizados y reincorporados cuando haya un cambio en la concesión de servicios o en la propiedad de una empresa.
Según la información que trascendió, el actual gobierno, dirigido por Jorge Macri, no planea incluir las indemnizaciones para los 6 mil trabajadores de la recolección de residuos en los nuevos pliegos de licitación. Esta omisión podría reavivar el conflicto con el sindicato, ya que el reclamo por las indemnizaciones podría alcanzar un costo de aproximadamente 200 millones de dólares.
El debate comenzará el 5 de octubre en una audiencia pública virtual, donde se examinarán los anteproyectos para el servicio de higiene urbana en la ciudad. Los Moyano han dejado claro que están dispuestos a iniciar protestas si las cláusulas no contemplan adecuadamente las indemnizaciones al finalizar el actual esquema contractual.
Las tensiones también se extienden al presupuesto porteño de 2027, que será presentado por el jefe de Gobierno ante la Legislatura local. Los camioneros temen que, al igual que en años anteriores, no se incluyan las partidas necesarias para resarcir a los trabajadores, aunque se estipula que, como es habitual, conservarán sus empleos en las empresas actuales o en aquellas que resulten adjudicatarias de la nueva licitación durante un período de 10 años a partir de septiembre de 2028.
En el pliego vigente, que se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, dentro del apartado de Régimen de Personal Operativo se establece el ítem ‘Indemnizaciones Finales’. Este artículo señala que “al finalizar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
La historia de la Ley Moyano se originó en 1998, al culminar el contrato con la empresa Manliba, y se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri. En 2012, la Legislatura de la ciudad aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que se produjera un cambio en las concesiones.
Este mecanismo también se aplicó en otras licitaciones de recolección de basura, como en Avellaneda y Moreno, y en empresas como la Cervecería Quilmes, así como en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de Moyano logró el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter, incluyendo el pago de las indemnizaciones.
Un caso notable se produjo con el supermercado Walmart, cuando el Grupo Narváez lo adquirió en marzo de 2021. En esa ocasión, Camioneros bloqueó un depósito demandando la aplicación de la Ley Moyano ante el despido de un gran número de trabajadores en su Centro de Distribución. Aunque la indemnización no se concretó, 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria que ascendió a 227.576.922 millones de pesos. Este conflicto evidenció la disposición del sindicato para presionar por la aplicación de su esquema de indemnizaciones en situaciones de cambio empresarial.
La misma intensidad de presión por parte del sindicato se evidenció en 2022, cuando Horacio Rodríguez Larreta propuso estatizar el sistema de grúas de la ciudad. Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar las condiciones laborales de 500 trabajadores de grúas y remolques, excluyéndolos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
Luego de varias negociaciones, se alcanzó un acuerdo que permitió que los empleados de Dakota y BRD se integraran a la empresa estatal SBASE, manteniendo su convenio y recibiendo indemnizaciones que sumaron hasta 4 millones de pesos por trabajador, con un monto total de 2.000 millones de pesos.
La nueva administración de Jorge Macri hereda estos antecedentes de sus predecesores del PRO y enfrenta un panorama complicado. En mayo de 2024, Pablo Moyano sentenció que la ciudad estaría cubierta de basura desde octubre si no se garantizaba la indemnización a los 6 mil trabajadores al momento del próximo vencimiento contractual.
El gobierno porteño ha argumentado que los contratos fueron firmados en enero de 2014 y que su vigencia original era de una década, aunque se prorrogaron en 2020 por cuatro años más hasta 2028.
Después de las amenazas sindicales y el clima de tensión, en octubre de 2024, se llegó a un acuerdo entre Hugo Moyano y el gobierno porteño que significó no aplicar el pago reclamado. No obstante, el gremio obtuvo compensaciones para los trabajadores próximos a jubilarse y aquellos que enfrentaban problemas de salud desde la pandemia y no podían desempeñarse.
Este entendimiento, sin embargo, provocó asambleas tumultuosas en las empresas de recolección de residuos de la ciudad. En la compañía Cliba, algunos trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y exigieron garantías sobre el pago de compensaciones en 2028.
“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le gritaron a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador se dirigió a Moyano con el apodo “Pablito traidor” ante una cámara, lo que expresó la disconformidad de las bases.
Esta reacción llevó a Marcelo Aparicio, número tres de Camioneros, a difundir un video explicativo donde definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo de indemnizaciones a los recolectores porteños. Aclaró que dicho beneficio “no existe en la ley”, aunque ha permitido a los trabajadores cobrar indemnizaciones y mantener su antigüedad laboral.
Las asambleas programadas por el sindicato y las posibles protestas reflejan una lucha continua por la defensa de los derechos laborales en un contexto de creciente incertidumbre.
