En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 y conocida hoy, el tribunal concluyó que el juicio político estuvo marcado por irregularidades. También determinó que la acusación se basó en el contenido de las decisiones judiciales que Moliné O’Connor había firmado como integrante del máximo tribunal.
La Corte consideró que emplear los criterios jurídicos de un magistrado como fundamento para destituirlo constituyó una injerencia indebida en la separación de poderes y vulneró la independencia judicial.
El proceso había comenzado luego de que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados admitiera cuatro pedidos de remoción. Los cargos estaban relacionados, entre otros asuntos, con las causas Meller, Magariños y Macri.
La Corte Interamericana hizo hincapié en que el juicio político se apoyó en el contenido de las sentencias del magistrado, algo que consideró incompatible con las garantías que deben amparar a quienes integran el Poder Judicial.
El fallo estableció que la Argentina vulneró los derechos de Moliné O’Connor a las garantías judiciales y políticas, además de su derecho a la protección judicial. También determinó que se afectaron sus derechos al trabajo, a la seguridad social y a la propiedad privada, así como la garantía del plazo razonable.
Otro punto central fue la revocación de la pensión vitalicia que el exjuez recibía desde 1998. El beneficio fue retirado en octubre de 2004, después de su destitución. La Corte sostuvo que esa medida también lesionó sus derechos y ordenó al Estado regularizar el régimen de pensión que le correspondía.
En concepto de reparaciones económicas, el tribunal fijó una indemnización de 600.000 dólares por daño material, correspondiente al lucro cesante, y otra de 25.000 dólares por daño inmaterial. Las sumas deberán repartirse entre su esposa y sus hijos.
La Corte también evaluó las consecuencias de la destitución para su trayectoria profesional. En uno de los pasajes centrales, afirmó que la remoción arbitraria interrumpió una carrera de más de 13 años en el máximo tribunal y «canceló, de manera definitiva e imprevista, la opción de vida que la víctima había estructurado en torno al ejercicio de la judicatura».
Moliné O’Connor murió el 20 de agosto de 2014, por lo que sus familiares continuaron el proceso internacional. La petición original había sido presentada ante la Comisión Interamericana en noviembre de 2003, pero el caso llegó a la Corte recién en agosto de 2024, más de dos décadas después.
Entre las medidas ordenadas, la Corte dispuso que la Argentina publique y difunda la sentencia y su resumen oficial. También estableció que las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución, que contempla el mal desempeño como causal para remover a jueces de la Corte Suprema, con respeto al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos.
El Estado tendrá un año desde la notificación del fallo para informar qué medidas adoptó. La Corte Interamericana supervisará su cumplimiento hasta que la sentencia se ejecute en su totalidad.
