La magistrada cumplió con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo de este año revocó la condena contra Argentina por un monto excedente de USD 16.000 millones.
En su orden, Preska incluyó las implicancias del fallo a favor del Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia consideraron que la jueza Preska había hecho una interpretación errónea de la legislación argentina al emitir su dictamen inicial.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la Procuración del Tesoro, el cierre del expediente era un paso procesal que el Gobierno anticipaba: “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, ya que el fallo fue revertido en la Cámara de Apelaciones. Esta espera había generado algunas demoras en la llegada de dicho documento”, señalaron, subrayando que este cierre no implica que se haya concluido con el proceso judicial dada la necesidad de que la Corte Suprema analice el reclamo de Burford Capital, presentado a principios de octubre.
La disputa se originó a raíz de la expropiación de la petrolera durante la administración de Cristina Kirchner en 2012. Los fondos Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, ligados a la familia Eskenazi, junto a Eton Park, demandaron a Argentina, argumentando que la estatización violó los derechos de los accionistas minoritarios según el estatuto de YPF. Burford Capital, que financia la causa, adquirió los derechos de esos exaccionistas.
En 2023, Preska emitió un fallo que obligó a Argentina a abonar más de USD 16.100 millones, cifra que, con intereses acumulados, superaba los USD 18.000 millones. Se trató de la mayor condena judicial impuesta a un país en la historia de los tribunales estadounidenses.
Sin embargo, en mayo, la Cámara de Apelaciones determinó que la normativa argentina sobre expropiaciones prohíbe reclamos de terceros que interfieran con un proceso de este tipo. También resolvió que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamaciones pecuniarias como las que presentaron los demandantes.
En junio, el plenario del Segundo Circuito, conocido como en banc, rechazó el pedido de Burford Capital para revisar esta decisión, dejando como única opción una apelación ante la Corte Suprema de EE. UU.
En su solicitud, los demandantes calificaron el fallo del Segundo Circuito como “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. Argumentan que el tribunal de alzada se apartó de la jurisprudencia de la Corte al priorizar una interpretación de la legislación argentina y decisiones de juzgados locales.
Fuentes oficiales indicaron que la presentación no obliga a la Corte Suprema a tomar el caso. El recurso de certiorari es el mecanismo mediante el cual se solicita la intervención del tribunal, pero corresponde a los jueces determinar su admisión o rechazo.
La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por período de sesiones, y normalmente concede revisión a alrededor de 80 casos. No existe un plazo establecido para la resolución de estos pedidos, y la complejidad del caso hace difícil predecir cuándo se podría conocer una decisión.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación manifestaron que esperaban este desenlace desde el fallo de marzo y que ya están trabajando en la estrategia de defensa. “Continuaremos defendiendo los intereses del Estado”, afirmaron fuentes oficiales.
Simultáneamente, Burford ha iniciado gestiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
