La pesquisa relaciona al educador -quien figura en los registros previsionales de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- con cuatro escuelas secundarias técnicas en localidades como Monte Grande y Llavallol. En su dispositivo, según informan fuentes del caso, se hallaron diversas fotografías de jóvenes que presuntamente son sus alumnas, así como imágenes de sus cuerpos tomadas sin consentimiento.
Adicionalmente, las autoridades descubrieron contenido mucho más grave: fotografías de “material compatible con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”, según el informe de la causa. La posible víctima es su hija, una niña de cinco años.
Como resultado, el juzgado de garantías actuante ordenó la detención inmediata del docente. La sección de Minoridad local tomó medidas para proteger a la menor, quien vivía con su padre. Las acusaciones en su contra, según el sumario del caso, incluyen la producción de representaciones de menores de 18 años implicados en actividades sexuales.
El inicio de este caso se dio a partir de una notificación del NCMEC, una entidad estadounidense que supervisa el tráfico de material pedofílico y que colabora con la justicia argentina desde hace más de diez años, participando en varios casos de gran relevancia. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires tiene un acuerdo con NCMEC desde 2013. Este organismo reúne alertas de plataformas digitales como Google, Facebook, Instagram y WhatsApp. La operación, coordinada por la UFI N°3 de Esteban Echeverría, abarcó 15 investigaciones diferentes.
Se realizaron 15 allanamientos en áreas como Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel, donde se incautaron más de 20 teléfonos y siete computadoras, entre otros dispositivos, que serán sometidos a análisis.
En al menos dos de los allanamientos, se abrieron teléfonos de manera similar a lo hecho con el docente, y se encontró material que sugiere abuso sexual de menores, lo que llevó a la detención inmediata de los implicados. Asimismo, un ciudadano boliviano, residente en Nueve de Abril y cuyo domicilio fue allanado bajo una orden de detención, poseía cinco teléfonos celulares, un pendrive, una tablet, un disco duro y cuatro computadoras portátiles.
