Esta iniciativa tiene como objetivo disminuir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas que prorrogan la jurisdicción en favor de los tribunales federales y estatales de Nueva York.
Esto implica que la República Argentina renuncia a plantear la defensa de inmunidad de jurisdicción en caso de eventuales reclamos relacionados con estos contratos en dicha sede judicial.
A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa fija límites para proteger el patrimonio nacional. El artículo 2 estipula que no se renuncia a la inmunidad de ejecución sobre ciertos bienes estratégicos.
El Ministerio de Economía será responsable de definir los plazos, métodos y monedas para estas operaciones, además de tener la facultad de designar a las entidades financieras involucradas, firmar acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o agencias de calificación.
