Los siete miembros del Jurado consideraron que las denuncias presentadas por empleados y funcionarios del tribunal constituían “desajustes humanos” que debieron ser abordados en instancias previas, y no mediante un juicio político que “no fue concebido para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas de remoción”.
La Fiscalía había solicitado la destitución del juez, pero con esta determinación, Díaz Lacava se reincorporará como juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, cargo del que fue suspendido tras la aprobación de su juicio político por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Sin embargo, su reintegro al tribunal se producirá en un contexto particular, ya que actualmente tiene prohibido el ingreso al juzgado y el contacto con el personal, restricciones impuestas en la causa penal en la que se encuentra procesado y que está en instancia de juicio oral. Antes de su suspensión, Díaz Lacava trabajaba de forma remota, utilizando videoconferencias.
La denuncia en su contra se originó a partir de las quejas de empleados del tribunal, que señalaron episodios de violencia que llevaron a algunos a solicitar licencia médica. Entre estos episodios se destacó el lanzamiento de una piedra hacia el interior del tribunal por parte del juez, quien justificó el acto como una broma de poca importancia.
Durante el juicio político, Diego Barroetaveña y Álvaro González, integrantes del Consejo de la Magistratura que actuaron como fiscales, argumentaron para la destitución de Díaz Lacava, describiendo su conducta como llena de “gritos, golpes, explosiones de furia”, e indicaron que el ambiente laboral era tenso, con empleados que se sentían aliviados cuando el juez se ausentaba.
En respuesta, el abogado del magistrado, Andrés Gil Domínguez, rechazó las acusaciones y Díaz Lacava se disculpó por la situación, manifestando: “Quiero pedir mis disculpas sinceras por lo que esta situación le pudo haber generado a todas las personas vinculadas, a los denunciantes y a mi familia. Mis hijos y mi esposa están sufriendo esta situación hace 3 años y medio”. Estas palabras fueron expresadas en la última audiencia antes del veredicto.
Los jurados, entre los que se encontraban jueces y legisladores, determinaron que las denuncias no justificaban una destitución. Al respecto, el secretario del tribunal, Marcelo Bová, señaló que “la falta de oportuno encauzamiento ante desajustes humanos derivó en un desenlace desproporcionado que de ningún modo puede justificar la destitución de un magistrado cuya honorabilidad e idoneidad técnica permanecen indemnes”.
El tribunal también mencionó una “problemática de fricciones de superintendencia” y la necesidad de contar con “herramientas preventivas para encauzar el diferendo antes de la denuncia”. Asimismo, enfatizó que los otros dos jueces del Tribunal Oral no lograron resolver la situación problemáticas y que el Consejo de la Magistratura no implementó medidas intermedias.
Finalmente, los jurados concluyeron que los comportamientos del juez, aunque vehementes, no alcanzaban a tener la gravedad necesaria para validar una destitución. Cabe destacar que este fallo es inapelable. En un contexto relacionado, hace dos semanas, un juez federal de Mar del Plata fue destituido por publicaciones antisemitas, y próximamente comenzará un juicio político contra otro magistrado por presuntos actos de corrupción.
