En una conversación a través de WhatsApp, Levy expresó su consternación por la situación, pero reafirmó su convicción de haber actuado conforme a la ley. “Acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciéndolo con la calidad y el respeto que se necesita”, afirmó.
El médico relató que, semanas atrás, la Fundación Cigesar organizó una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero. Durante esta iniciativa, la madre y la nena solicitaron ayuda para realizar una interrupción legal del embarazo tras ser víctimas de una violación. La madre indicó que, a pesar de que el servicio es legal, en su provincia no podían acceder a él y contaban con una denuncia por violación.
Según la ley 27.610, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la semana 14, con ciertas excepciones a partir de la semana 15, una de las cuales es la violación. “Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal”, explicó Levy. Posteriormente, madre e hija fueron trasladadas de Santiago del Estero a la clínica y luego regresaron a su hogar.
“En todas partes del mundo hay organizaciones que de forma solidaria apoyan de distintas formas a personas que tienen necesidades de atención de salud y no pueden atenderlas por su condición de vulnerabilidad social”, añadió Levy.
Durante el allanamiento, el personal de Delitos Complejos descubrió ocho fetos en bolsas de consorcio. Levy confirmó que la intervención se llevó a cabo en la clínica Santa María, con la que su fundación mantiene un convenio de colaboración. “La práctica la realizamos con un equipo altamente capacitado”, aseguró.
Fuentes de la investigación señalaron que esta clínica en Villa Ballester realiza frecuentemente este tipo de abortos, y que los fetos encontrados, incluyendo uno correspondiente a la joven, eran resultado de procedimientos legales. Esto fue respaldado también por una inspección del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Los restos de los fetos fueron clasificados como residuos patológicos y estaban a la espera de su traslado por parte de la empresa encargada de gestionar este tipo de desechos.
