Christopher Landau, subsecretario de Estado, hizo pública la decisión a través de un comunicado oficial y destacó la situación de Ferrara, quien formó parte del Consejo Federal Pesquero. En su mensaje, Landau declaró: “Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de Estados Unidos bajo @POTUS @realDonaldTrump y @SecRubio. Hoy el @StateDept utilizó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y revocó las visas del ex funcionario argentino Pablo Ferrara y del nacional mexicano José Ali Amado por enriquecerse a través de tales actividades. Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para Estados Unidos y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.
Según la información proporcionada por la administración de Donald Trump, esta medida busca “proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales” y está dirigida a aquellos considerados “responsables, cómplices, facilitadores o beneficiarios de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y de actividades relacionadas con dicha pesca”.
El comunicado aclaró que las sanciones impuestas a Ferrara están vinculadas a “actividades corruptas que facilitaron la pesca INDNR y socavaron el acceso justo al mercado para los pescadores estadounidenses”. El caso se remonta a 2024, cuando Ferrara dimitió como representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, coincidió con la renuncia de Julián Suárez, quien era el director de Control y Fiscalización Pesquera en el Ministerio de Economía.
Suárez, quien trabajó en la función pública durante quince años y fue nombrado durante la gestión de Alberto Fernández, tomó la decisión de renunciar tras recibir una supuesta solicitud de la Cancillería para intervenir en favor del barco de pesca Tai An, registrado en Argentina y operado por Liu Zhijiang, un empresario chino residente en la zona.
El Tai An fue detectado realizando actividades de pesca en una zona donde está prohibida la captura de merluza negra, una especie regulada por un régimen de cuotificación vigente desde hace quince años: ninguna embarcación, ya sea local o extranjera, tiene autorización para capturar esta especie sin una cuota específica. La depredación y la pesca ilegal en el Mar Argentino amenazan la sostenibilidad de este recurso y ponen en riesgo el equilibrio ecológico y económico de la región.
El barco no tenía ninguna cuota adicional autorizada y se reportó que transportaba 163 toneladas de merluza.
