El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió este martes a aclarar las declaraciones de Javier Milei sobre las deportaciones relacionadas con el terrorismo. “Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado… ¿Sabés cuántos hemos echado este año? Este año ya llevamos 20.000”, afirmó el líder del Ejecutivo, quien añadió: “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo (…) los de aquí son de vigésimo quinto orden, los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”. Ravier intentó justificar las afirmaciones del presidente, aunque las cifras oficiales que presentó contradicen su categórica declaración. “Primero, hagamos un diagnóstico. ¿De dónde veníamos? Hasta diciembre de 2023, Argentina tenía fronteras permeables. Ha habido una notable acción por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional”, explicó y continuó: “Hoy en Argentina contamos con más seguridad, estamos protegiendo nuestras fronteras y analizando los ingresos de las personas que desean llegar al país por diversas razones, lo que es esencial en una reforma migratoria importante”. En relación con los datos del ministerio, Ravier indicó que “hay un informe donde se contabilizan 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. Estos números, por supuesto, irán cambiando, con un 72,3% de los rechazados correspondiendo a extranjeros que intentaron ingresar a Argentina, pero no fueron admitidos. Esto incluye perfiles de riesgo, personas con condenas e individuos que no cumplen con los requisitos de entrada”. “En otro orden, en términos de los expulsados, el 84,2% se refiere a extraditados o individuos bajo alerta roja de Interpol. Dentro de los rechazados, el 21,7% proviene de Brasil, el 21% de Paraguay, el 18,8% de Bolivia, el 5,5% de Chile y el 5,3% de Colombia, lo que suma el 72,3% del total; el resto son de otros países”, subrayó. “El presidente habló de una cifra superior, cercana a 30,000 individuos, porque también se refería a otros 10,000 que intentaron ingresar pero fueron expulsados antes de la fecha del 1 de diciembre de 2025 que se considera en este informe”, agregó. “Respecto al ingreso o no ingreso de estas personas y a las expulsiones, que se han contabilizado en más de 20,000, son potenciales terroristas o personas que podrían amenazar la seguridad nacional o que, por diversas razones, no han podido ingresar”, respondió Ravier. Para Ravier, es fundamental “proteger nuestras fronteras y cuidar a los argentinos, algo que no ocurría anteriormente y que ahora se está tomando con seriedad”. Los datos oficiales contrastan con las afirmaciones de Milei. De diciembre de 2025 a agosto de 2026, se registraron 18.947 “incidentes de entrada” y 744 expulsiones. Entre estos incidentes, 8.008 fueron ligados a infracciones migratorias, 6.298 a falta de documentación habilitante, 4.566 a impedimentos judiciales —como capturas o condenas—, 42 a cancelación de residencia y 33 a presentación de documentación falsa, adulterada o robada. Así, el total del Gobierno incluye tanto rechazos en frontera como inadmisiones y expulsiones por diferentes motivos. Para identificar formalmente a personas y organizaciones asociadas al terrorismo, se encuentra el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). En años recientes, el Gobierno ha añadido a este registro varias organizaciones a través de resoluciones. Algunas de estas son Hezbollah, incluida en 2019; Hamas, en julio de 2024; el Cártel de los Soles, en agosto de 2025; y, en 2026, los capítulos de la Hermandad Musulmana de Líbano, Egipto y Jordania, Fuerza Quds, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y la organización ecuatoriana Chone Killers. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones concretas vinculadas a estas agrupaciones criminales. Durante su primera intervención ante la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, informó a los legisladores que no se había detectado una amenaza de terrorismo relacionada con la extrema izquierda en Argentina. En cuanto al terrorismo de inspiración yihadista, la evaluación realizada por la SIDE ubicó el riesgo de un atentado en el país en un nivel bajo.
