Yacobitti, representante de la Unión Cívica Radical, hizo un llamado a la movilización para el martes 12 de mayo en apoyo a la educación pública y criticó a la cartera liderada por la ministra Sandra Pettovello por reconocer que en el país “no se está garantizando el derecho a la educación”.
“Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”, denunció, señalando que el Poder Ejecutivo promueve lo que calificó como “una política educativa ilegal” por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Congreso Nacional y ratificada por la Justicia.
El vicerrector subrayó que asegurar “el derecho a enseñar requiere, como condición indispensable, el financiamiento del Estado” de la administración libertaria. “Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes”, añadió, concluyendo que “no van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.
La declaración de Yacobitti se produjo un día después de que la Subsecretaría de Políticas Universitarias solicitara a las autoridades académicas que “informen las medidas que han tomado para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.
“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”, detalla el comunicado.
La administración libertaria calificó la situación de “especial gravedad” y enfatizó que los recursos presupuestarios deben ser utilizados para cumplir con los objetivos educativos que establece la normativa. “El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”, justificó.
