Hace dos semanas, el 24 de abril, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, avaló el decomiso de estos bienes inmuebles a raíz de las condenas firmes emitidas en la causa Vialidad.
La resolución reafirma la intención de recuperar activos derivados de actos de corrupción.
Sin embargo, este viernes, los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, interpusieron un recurso extraordinario en un intento de frenar el decomiso de bienes.
El fallo de este alto tribunal penal estableció un principio importante: “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”, aunque la defensa sostiene una visión contraria.
Al argumentar a favor de la ejecución patrimonial, tal como lo había decidido el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), los jueces de la Casación señalaron que la maniobra investigada comprendía un esquema complicado y prolongado, con “resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez, así como beneficios indirectos para la familia Kirchner a través de negocios compartidos durante la ejecución de la maniobra criminal”.
Los abogados de Kirchner afirmaron que la decisión de los jueces “convalida un criterio jurisprudencial que de ninguna manera puede ser consentido por esta defensa, no solo por ser manifiestamente arbitrario y lesivo de garantías constitucionales, sino porque sus implicancias y derivaciones no se agotan en ese acto”. Ellos se refirieron a la delegación del TOF 2 al Ministerio Público Fiscal para identificar nuevos bienes a decomisar.
La Casación argumentó que, en delitos que se extienden durante más de una década, “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso. En cambio, se requiere demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”.
La ex presidenta destacó que la decisión representa un “gravamen irreparable, dado que se intenta llevar a cabo un proceso ejecutivo totalmente ilegítimo”, el cual causaría “daños patrimoniales irreversibles o de muy difícil subsanación”.
El abogado Beraldi añadió que, hasta que la Corte Suprema no se pronuncie, no se puede avanzar con la implementación del fallo.
El voto unánime de los magistrados enfatizó la importancia del decomiso.
