Hace dos semanas, se encendió la alarma en una reunión de la cámara bancaria, cuando la oposición intentó convocar una sesión especial para el 20 de mayo en Diputados con el objetivo de abordar este conjunto de iniciativas, 16 de las cuales están destinadas a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Aunque la convocatoria no se concretó debido a la falta de quorum, esto motivó un aumento en el cabildeo entre los bancos.
“Lo que más preocupa es que se impongan condiciones hacia atrás en los contratos por ley, en lugar de resolverse cada caso por separado”, expresó un cabildero de una agrupación de bancos, que aseguró que el 40% de los créditos en problemas ya están siendo refinanciados. Su mayor temor es que, con el debate legislativo, los clientes comiencen a exigir mecanismos de alivio financiero o que se incrementen los fraudes.
Estos proyectos incluyen medidas para facilitar el pago de deudas para familias y empresas, como planes de hasta tres años, condonaciones de deuda y tasas de interés subsidiadas. También fomentan la reestructuración de deudas para quienes han tomado créditos UVA, establecen controles más estrictos al sistema financiero y buscan reactivar los créditos de ANSeS, financiados a través de impuestos a los bancos y plataformas financieras.
Un estudio de 1816, que utiliza datos del Banco Central, reveló que la morosidad en el pago de préstamos bancarios a familias volvió a aumentar en abril, alcanzando un récord del 12%, un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto a marzo. Actualmente, 5,3 millones de personas se encuentran con al menos un crédito irregular, mientras que el incumplimiento en los hogares con entidades no financieras se elevó al 31,5% de los clientes.
Ante esta situación, el sector financiero ha iniciado gestiones con legisladores de la comisión encargada de analizar los proyectos sobre mora, liderada por Hugo Yasky (Unión por la Patria). “Los bancos pidieron una reunión, pero aún no se ha concretado, pues no han enviado la solicitud oficialmente. Estamos intentando consolidar los proyectos en uno o dos”, confirmó el diputado. También se están llevando a cabo diálogos con La Libertad Avanza.
A pesar de que los banqueros todavía no perciben suficientes voluntades para avanzar con la campaña de “desendeudamiento familiar”, la serie de negociaciones para unificar los proyectos les genera inquietud. Mantienen un seguimiento cercano sobre cómo podría desarrollarse la coalición que incluye al kirchnerismo, peronismo federal, radicales, exmiembros del PRO, la Coalición Cívica y la izquierda.
El sector financiero también ha buscado acercamientos al Banco Central. En conversaciones confidenciales, solicitaron al equipo de Santiago Bausili una reducción en la frecuencia de publicación de los datos de la central de deudores, de donde proviene la información sobre el nivel de mora. El sistema clasifica a los clientes en una escala del 1 al 5, donde 1 representa la mejor situación y 5 la más crítica, con un período de al menos dos meses.
“La idea es que el deudor pueda conocer su situación antes, el Banco Central está de acuerdo, pero para ello los bancos necesitan proporcionar su base de datos”, explicó una fuente vinculada a la banca privada. Sin embargo, representantes de los bancos públicos se mostraron escépticos, argumentando que no existe un riesgo sistémico. Desde la autoridad monetaria, no se ha respondido si se está considerando esta opción.
La última vez que el Banco Central implementó medidas fue durante la pandemia en 2020, cuando decidió extender en 60 días los plazos de mora para clasificaciones crediticias y suspendió temporalmente la recategorización obligatoria más estricta. Aunque el nivel actual de endeudamiento supera el de la crisis sanitaria global, el Central ha indicado que la mora alcanzó un punto máximo recientemente. En el sector bancario, existe la expectativa de que esta cifra comience a descender en junio.
Luis Caputo, por su parte, tuvo una reacción ambivalente. Inicialmente, culpó a los deudores que “tomaron créditos a tasas muy altas apostando a que la inflación licuaría sus pasivos”, pero luego reveló que había solicitado a los bancos privados que refinanciaran algunos casos de morosidad. También, bajo su supervisión, se implementó la “asistencia” del Banco Nación, con un costo financiero total de hasta el 9% mensual, casi cuatro veces la tasa de inflación.
El Gobierno ha optado por evitar el Congreso, temiendo que una regulación excesiva podría retardar la recuperación económica. Si el Congreso determinara tasas, los bancos ya han advertido que esto aumentará el costo del crédito. Con tasas reales más elevadas para préstamos, la reactivación económica podría seguir demorándose. En mayo, por ejemplo, el crédito en pesos al sector privado volvió a disminuir debido a la morosidad y al endurecimiento de los criterios.
