El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó esta decisión, resumida en una frase que expresó en su cuenta de X: “Chau gastos en frigoríficos”.
El funcionario explicó que la resolución, firmada por la presidenta del Senasa, María Beatriz “Pilu” Giraudo, elimina una obligación que había quedado obsoleta en función del actual esquema de control sanitario. “Cada frigorífico o planta de faena tenía que contar, sí o sí, con un director técnico. Era una obligación redundante, porque la responsabilidad por la inocuidad de lo que producen ya es del establecimiento por ley y, además, existe habilitación y fiscalización oficial permanente. En otras palabras, el director duplicaba lo que ya hacía el inspector del Senasa”, indicó.
Desde el organismo sanitario informaron que esta actualización normativa responde a la evolución del sistema oficial de control higiénico-sanitario y a la consolidación de las responsabilidades que establece la legislación actual. Se destacó que las garantías de inocuidad de los productos de origen animal se basan ahora en un sistema integral que abarca la habilitación de establecimientos, la fiscalización oficial continua, la implementación de procedimientos documentados, los sistemas de autocontrol y la responsabilidad directa de los operadores de la cadena agroalimentaria.
De esta forma, el Senasa ha modificado el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto 4238/68, buscando adecuarlo a la evolución del sistema oficial de control, reforzar un modelo centrado en la responsabilidad de los operadores y acompañar los avances tecnológicos en la producción alimentaria.
Además, el organismo subrayó que esta medida se encuentra en concordancia con la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad y la calidad agroalimentaria, y establece que la responsabilidad primaria e indelegable de garantizar la sanidad, la inocuidad, la higiene y la calidad de los alimentos recae en los actores de la cadena productiva.
Para Sturzenegger, la supresión de esta exigencia tendrá un efecto económico beneficioso para el sector. “Bajar gastos innecesarios que impone el Estado es lo que va a permitir que los precios bajen en términos reales; en otras palabras, que el salario rinda más”, argumentó.
El ministro añadió que este tipo de regulaciones conllevan sobrecostos que perjudican la competitividad económica. “La diferencia entre los países ricos y los pobres es que los pobres están llenos de estos sobrecostos y restricciones que solo nos empobrecen. Por eso el presidente Javier Milei nos insta a reducir la intervención estatal al mínimo posible”, concluyó.
Asimismo, destacó que esta eliminación surgió tras planteos de productores, frigoríficos y organizaciones del sector, tanto en reuniones de trabajo como a través de la plataforma oficial destinada a reportar burocracia.
