“La macro va a estar ordenada, hay que ver la actividad”, afirmaba un colaborador cercano a la estrategia electoral.
Ante la inminencia de un año electoral, el mercado comienza a vigilar con atención una pregunta crucial: ¿podrá el Gobierno afrontar sus deudas sin que eso implique devaluaciones o ajustes drásticos justo antes de las elecciones? El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó esta inquietud el lunes con el plan financiero para 2026-2027, donde incluso proyectó la situación que enfrentará “ellos mismos” en un posible segundo mandato.
“Para ese momento (2028) tenemos muchas opcionalidades. Tanto en 2026 como en 2027 no hay emisión internacional y no asumimos financiamientos alternativos. Para finales de 2027, esperamos tener un colchón considerable, seguramente mayor al que estamos dejando para este 2027”, explicó durante una conferencia de prensa.
Además, reveló que se proyecta que para 2031 Argentina podría alcanzar la calificación de grado de inversión, lo que atraerá a los fondos de mayor tamaño del mundo.
Un aspecto político significativo es que gran parte de este plan no requiere ningún voto del Congreso para llevarse a cabo. Esta autonomía es fruto de una negociación legislativa que se realizó hace siete meses, y que logró que la ley de Presupuesto otorgue al Ejecutivo el margen necesario para avanzar en su programa de refinanciamiento sin obtener nuevas aprobaciones.
El refinanciamiento de la deuda en un año electoral presenta riesgos mayores: si el mercado desconfía del cumplimiento del Gobierno, los costos de financiamiento para Argentina se incrementan (lo que mide, en esencia, el riesgo país), y esta desconfianza suele trasladarse al dólar y a los bonos, justo cuando el oficialismo necesita mostrar estabilidad para ganar elecciones.
Externamente, el anuncio de Caputo fue un mensaje dirigido a bancos e inversores. Internamente, forma parte de la estrategia electoral de Milei, que avanza paralelamente a la negociación que lidera el jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto a la eliminación de las PASO.
El equipo económico tiene como marco de comparación la compleja situación que se vivió antes de las elecciones legislativas del año pasado. En esa ocasión, el swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos funcionó como un freno para contener la corrida hacia el dólar. Para 2027, esa red de protección no está garantizada de la misma manera, ya que Estados Unidos celebrará elecciones de medio término en noviembre, y el rescate a Argentina ya ha suscitado cuestionamientos en la política estadounidense.
Por ello, tanto el Gobierno como el mercado creen que ese tipo de rescate probablemente no se replicará con igual magnitud. Caputo mencionó que el swap permanece activo y que, en caso de necesidad, se recurrirá a ello, pero el enfoque será evitar depender de colocaciones internacionales.
De allí que la estrategia haya cambiado: en lugar de depender de un rescate externo de último momento, el equipo económico ha preparado sus propios colchones con un año de antelación.
Hace unos días, Milei apuntó que el Gobierno ha creado un “arsenal enorme” para resguardar la economía el año próximo, calificando el esquema de “hiperblindado”, y destacó que ya se han adquirido cerca de u$s 11.000 millones a mitad de año, asegurando financiamiento hasta el final de su mandato.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, subrayó un aspecto crucial para el mercado: sostiene que 2027 será “menos desafiante” que 2026 en términos de necesidades de fondeo, dado que el trabajo pesado ya se ha realizado este año.
Esta lógica también explica una decisión que pasó desapercibida: el Banco Central refinanció en junio u$s 6.000 millones de préstamos REPO con bancos internacionales, extendiendo el vencimiento hasta septiembre de 2028, ya con la elección presidencial definida.
Para que el Estado pueda contraer o gestionar deuda, la ley exige que dicha operación esté contemplada desde antes en el Presupuesto del año, o en una ley específica. Durante el debate del Presupuesto 2026, hubo una disputa menos visible: un artículo que ampliaba las facultades del Ministerio de Hacienda y Finanzas para realizar canjes de deuda, recompras y operaciones con instrumentos financieros complejos, eliminando las restricciones más severas anteriores.
Un sector de la oposición, encabezado por ciertos diputados, identificó este artículo como el aspecto político crucial del Presupuesto y presentó paralelamente un proyecto para establecer límites permanentes al endeudamiento. No prosperó. En cambio, el artículo oficialista fue aprobado y se encuentra en los artículos 44 y 45 de la Ley 27.798.
Estos dos artículos son la base legal que el equipo económico cita regularmente para justificar cada vez que ejecuta una operación de deuda. Además, sustentan el Decreto 478/2026, que permite al Ejecutivo autorizar, sin necesidad de Congreso, préstamos de hasta u$s 5.000 millones con bancos internacionales, garantizados por el Banco Mundial y el BID. Este marco abarca también la deuda que se emite en el mercado local, como los bonos AO27, AO28 y el próximo AO29.
El lunes, Caputo detalló su estrategia para utilizar este margen: los vencimientos hasta finales de 2027 suman u$s 51.600 millones, incluyendo ambas anualidades y lo pendiente entre diferentes reparticiones estatales. Para lo que queda de 2026, las necesidades alcanzan los u$s 19.200 millones, cubiertas por u$s 22.900 millones, lo que deja un colchón de u$s 3.700 millones para el año siguiente.
Este colchón se forma con dólares que el Tesoro ya ha adquirido al Banco Central, préstamos bancarios respaldados por organismos multilaterales, nueva deuda emitida en el mercado local y unos u$s 800 millones provenientes de privatizaciones esperadas.
Lo que el Gobierno ha decidido posponer, por ahora, es la emisión de nueva deuda directamente en los mercados internacionales: “es una opción, no un objetivo”, reiteró Caputo.
La privatización de empresas como AySA, Belgrano Cargas o las térmicas de Enarsa sigue la misma lógica: el permiso legislativo ya se ha otorgado mediante la Ley Bases de 2024. En este caso, no se requiere una nueva discusión parliamentary, sino avanzar en los trámites administrativos: pliegos, licitaciones y adjudicaciones.
