Rossen explicó que “es un proyecto de los vecinos y para los vecinos, que impacta positivamente y mejora las condiciones de vida de los habitantes del barrio, del entorno inmediato, como así también de toda la Ciudad, dado que contribuye también a una mayor seguridad para los habitantes del barrio y sus alrededores”.
El párroco, en una conversación, destacó que esta obra representa “una deuda histórica del barrio” y que, para su elaboración, se llevaron a cabo reuniones con los residentes para recoger sugerencias aplicables a la iniciativa. “El mismo proyecto que estaba formulado se le fueron haciendo algunos cambios”, aclaró.
Este área, que incluye la ex Villa 1-11-14 y otros sectores aledaños, se ha convertido en uno de los barrios de emergencia más amplios de la ciudad. Un censo de 2018 realizado por el gobierno de la ciudad reportó más de 12 mil familias viviendo en solo 4 mil viviendas. Sin embargo, el párroco mencionó que las cifras actuales son superiores: “Tenemos que actualizar los datos a través de otras fuentes de información”.
El barrio está delimitado por varias avenidas y calles que definen su contorno. El nombre del padre Rodolfo Ricciardelli tiene un significado especial, ya que este sacerdote trabajó con los más pobres de la zona desde 1968 y luego fue designado párroco de la iglesia “Santa María Madre del Pueblo”, la primera ubicada en una villa de emergencia, gracias a Monseñor Jorge Vernazza.
Durán Christian explicó que la elección del 13 de julio para presentar el proyecto es significativa, dado que es la fecha de fallecimiento del cura. Este clérigo eligió esta comunidad para vivir y se comprometió con su causa desde el 1 de abril de 1999. Junto a Vernazza y un grupo de colaboradores, fundó la cooperativa “Madre del Pueblo”, promoviendo la construcción de barrios en el conurbano bonaerense que permitieron a muchas familias acceder a viviendas dignas.
El entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, quien más tarde se convirtió en Papa Francisco, presidió la misa de despedida de Ricciardelli. El 13 de julio de 2010, sus amigos y vecinos exhumaron el féretro para depositarlo en el templo donde realizó su labor pastoral.
Se busca que el plan de integración socio-urbana incluya la construcción de nuevas viviendas, mejoras a las existentes y un fortalecimiento de la infraestructura y equipamientos del barrio. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será responsable de llevar adelante el proyecto, que abarcará el diagnóstico, diseño y obras de infraestructura básica como agua, luz, cloacas y pluviales. Para ello, se creará una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa (MGP), que actuarán en el barrio para consensuar cada obra y norma urbanística.
“Construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional para todos los habitantes de la Ciudad. Las soluciones sostenibles tienen que incluir a todos y para eso hay que tener en cuenta las distintas necesidades”, afirmó Rossen, añadiendo que el proyecto en Bajo Flores incluye créditos para que cada familia pueda acceder a su vivienda.
Las solucione habitacionales contemplan tanto viviendas nuevas en el barrio como créditos para la compra, considerando el valor de la vivienda actual como parte de la inversión. El plan asimismo contempla un esquema de regularización dominial que facilite el acceso a la escritura y la gestión de tarifas sociales con reducciones y plazos de grace, sustentado por partidas específicas en el presupuesto anual.
“Las ciudades más ricas, más saludables y más justas invierten en políticas de vivienda, infraestructura y espacios públicos. El rol y desafío del Estado es regular las tensiones propias entre la demanda de mercado y la de quienes viven en la Ciudad. En una Ciudad justa nadie debe quedar afuera”, concluyó Rossen.
En su discurso más reciente en la Legislatura porteña, enfatizó: “No hay política de vivienda. Construir viviendas es obligación del Estado y es un derecho constitucional. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la política? ¿Qué están pensando hacer para resolver la situación angustiante de los inquilinos? No alcanza con empapelar una ciudad de cielo que somos la ciudad más linda del mundo. Tenemos que ser una ciudad más justa del mundo y estamos cada vez más lejos”.
El proyecto establece que toda obra de infraestructura deberá visualizarse con un horizonte de 20 años, realizando estudios demográficos y proyecciones poblacionales. Asimismo, prohíbe los desalojos forzosos y estipula que cualquier relocalización debe ser consensuada y adecuada. También se fijará un cupo mínimo del 30% de trabajadores residentes del barrio para las obras, fomentando el empleo local.
Las soluciones habitacionales que se prevén deben cumplir con condiciones mínimas: servicios de infraestructura, dimensiones adecuadas, iluminación y tenencia segura. Las alternativas incluyen la adjudicación de viviendas nuevas y créditos para la compra fuera del barrio, entre otros, llevando a cabo un enfoque ambiental en todos los proyectos. Las obras requerirán un Certificado de Aptitud Ambiental conforme a la ley vigente. Además, se planea integrar el barrio con la estación fluvial del Riachuelo, sujeto a las condiciones ambientales adecuadas.
Finalmente, la autoridad responsable deberá analizar la información del censo de 2018 junto con datos de diversas fuentes para determinar a los beneficiarios, asegurando preferencias para las familias registradas en caso de que algún grupo desee vender la vivienda adjudicada.
