La propuesta se enmarca en un contexto en el que otras provincias de la Patagonia están evaluando alternativas similares. Por ejemplo, Chubut ha llevado a cabo pruebas piloto con carne de burro. El desarrollo de estos proyectos responde a una demanda por diversificación de proteínas y a la necesidad de utilizar recursos que hasta ahora escapaban a los controles de sanidad y trazabilidad.
Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, explicó que la finalidad es regular una práctica ya existente en la región. Al mismo tiempo, se busca garantizar condiciones seguras para el consumo y establecer un control eficiente sobre especies cuya población ha crecido sin regulación natural. “Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es una especie exótica que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural”, afirmó el funcionario.
El proyecto de ley tiene como objetivo integrar al mercado formal carnes que ya forman parte de la dieta regional, aunque fuera del control oficial. Banacloy destacó que el jabalí, al no tener depredadores naturales, ha aumentado su población y causa considerables daños en los cultivos agrícolas. “Son animales que se mueven en grandes grupos y generan mucho daño sobre los cultivos que uno ya tiene hecho”, agregó.
Respecto al guanaco, que es una especie autóctona, se mencionó que actualmente su población supera a la de las ovejas en la Patagonia. El ministro precisó que, si bien el guanaco estuvo catalogado como especie en peligro en el pasado, hoy en día su población se encuentra en niveles altos.
La intención de la propuesta no es desplazar otras carnes del mercado, sino ofrecer una alternativa formal, controlada y sostenible. “No va a ser una carne que va a ocupar un lugar que retire el del cerdo o el pollo. Probablemente entre con un kilo per cápita, que para el consumo que tenemos es un montón”, comentó Banacloy.
El impulso para autorizar la venta de carnes salvajes está fundamentado en consideraciones tanto productivas como ambientales. Banacloy señaló que el mayor argumento es el impacto económico que genera la fauna silvestre en los cultivos. Afirmó que los jabalíes operan como una plaga, destruyendo plantaciones de maíz y alfalfa, destinadas al consumo interno y a la exportación.
Banacloy subrayó que el único modo de controlar la población de jabalíes es mediante la intervención humana, dado que la caza deportiva ha perdido atractivo entre los jóvenes. “La mayoría de las carnes salvajes son mucho más magras que las carnes que provienen de encierro. Es naturalmente un animal que tiene que moverse, que camina, que nada, cruza ríos para buscar alimento”, explicó el ministro.
En relación a la economía de los consumidores, Banacloy reconoció que el interés en proteínas alternativas está vinculado a la búsqueda de opciones más accesibles, especialmente ante la disminución del poder adquisitivo y el aumento del precio de la carne bovina. Sin embargo, resaltó que el enfoque principal del proyecto es utilizar una proteína local disponible que actualmente es desaprovechada por razones legales.
Uno de los argumentos centrales del gobierno de Río Negro es la necesidad de formalizar una práctica que ya está en funcionamiento en la región. Banacloy insistió en que el consumo de carnes salvajes se ha llevado a cabo durante mucho tiempo, pero principalmente fuera del circuito legal y sin la supervisión adecuada en sanidad. “Lo que estamos haciendo es que estos animales puedan venir a un establecimiento habilitado, como ocurre con cualquier otra especie”, enfatizó el ministro.
El proyecto contempla que la carne de jabalí y guanaco ingrese a plantas de faena autorizadas, donde se aplicarán los mismos controles veterinarios que para las carnes convencionales, incluyendo análisis para detectar enfermedades como la triquinosis. Banacloy destacó que “lo mejor que te puede pasar es que esté formalizado, porque ahí es donde perdés el control si no está formalizado”.
La iniciativa también se basa en el concepto de “proteína de cercanía”, dado que estos animales silvestres se hallan en las proximidades de los pueblos patagónicos, lo que facilitaría la logística y reduciría los costos de transporte que suelen presentarse en otras cadenas productivas.
La implementación de este proyecto de ley implica la modificación de normativas que, según Banacloy, tienen entre cuarenta y cincuenta años de antigüedad. Aunque la caza está actualmente permitida en la provincia, el objetivo es incorporar formalmente estas carnes al mercado bajo un modelo de aprovechamiento sostenible, controlado y trazable.
Con esta propuesta, la provincia busca liderar un cambio significativo en el mercado de carnes del país, ofreciendo alternativas que ya son parte de la cultura alimentaria patagónica pero que hasta ahora habían permanecido fuera de la legalidad y de los controles sanitarios.
