Los decretos 695/2026 y 696/2026 abordan esta medida, destinada respectivamente a los empleados del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad Nacional. En ambas situaciones, la suma será considerada como remunerativa y no bonificable, permitiendo que cada persona beneficiada la reciba una sola vez.
El costo de esta asignación será cubierto a través de los créditos presupuestarios asignados a cada una de las jurisdicciones pertinentes dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Los decretos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y, según corresponda, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti o la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.
El decreto relacionado con el sector Defensa abarca al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, incluyendo también al personal activo de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en funciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
En la fundamentación de la normativa, el Gobierno manifestó la necesidad de ajustar los ingresos del personal afectado para garantizar una compensación adecuada a las funciones, responsabilidades y dedicación que se requieren.
El segundo decreto se extiende a los gendarmes en actividad de la Gendarmería Nacional y a los alumnos de esa fuerza. Los $50.000 también serán entregados a los miembros activos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal.
Además, la disposición incluye al personal activo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a los estudiantes de esa institución. Igual consideración se aplicará al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal.
Por otra parte, se contempla que el personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, órgano dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, recibirá este pago extraordinario.
El Gobierno justificó esta decisión como un modo de reconocer y mantener una adecuada jerarquización de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en consideración a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demandan las funciones que deben cumplir.
Ambos decretos autorizan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a emitir las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de la medida.
