La reciente aprobación del Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario por parte del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) representa un paso fundamental en el proceso de transformación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Este plan, que abarca el quinquenio 2027-2031, no es solo una medida administrativa, sino que constituye el andamiaje regulatorio y económico sobre el cual se asentará la futura gestión privada de la mayor prestadora de servicios de saneamiento del país.
El punto neurálgico de esta resolución es el establecimiento de un esquema de estabilidad tarifaria. El regulador ha determinado que las tarifas se mantendrán constantes en términos reales durante todo el período, lo que significa que los ajustes solo podrán responder a la inflación reconocida por el sistema, sin permitir subas adicionales que incrementen el costo real para los usuarios. Para dar solidez a este esquema, se ha fijado la Base de Activos Regulatorios inicial en $790.074,6 millones, cifra que servirá como parámetro crítico para calcular la rentabilidad permitida y el nivel de inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión de la infraestructura.
En cuanto al proceso de venta, el Gobierno ha diseñado una hoja de ruta clara para transferir el control operativo de la compañía. El esquema de privatización prevé que el 90% del capital social pase a manos privadas, manteniendo un 10% bajo el régimen de propiedad participada para los trabajadores. La concesión se otorgará por un plazo de 30 años, con una opción de prórroga por 10 años adicionales. Contar con estas condiciones plenamente definidas antes de la licitación es una decisión estratégica: permite reducir la incertidumbre y mitigar los riesgos regulatorios que suelen afectar las valuaciones en procesos de esta envergadura.
Con vistas al futuro inmediato, el cronograma oficial marca el 27 de agosto como la fecha límite para que los grupos interesados presenten sus propuestas económicas a través de la plataforma CONTRAT.AR. Este nuevo marco regulatorio busca, en última instancia, dotar de previsibilidad al negocio, asegurando que el operador que resulte adjudicatario tenga una hoja de ruta técnica y financiera precisa para garantizar la continuidad y mejora de un servicio esencial que impacta directamente en la calidad de vida de millones de habitantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
