Las disposiciones están previstas en los artículos 6 y 7 del proyecto. En conjunto, establecen un mecanismo para controlar las dotaciones de personal de los distintos organismos y jurisdicciones, tanto en los puestos que ya están vacantes como en los que queden libres una vez que la ley entre en vigencia. En principio, el proyecto se trataría en el recinto de la Cámara baja el 25 de noviembre y, si se aprueba, deberá pasar por el Senado.
El artículo 6 estipula la cantidad de cargos y horas de cátedra de cada jurisdicción y entidad de la Administración Pública Nacional, y dispone que no podrán aprobarse incrementos por encima de los límites fijados para cada organismo.
El texto permite ampliar esas dotaciones, pero solo el jefe de Gabinete podrá autorizar un aumento de cargos y horas de cátedra. Para hacerlo, deberá emitir una decisión fundada y contar con la intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a cargo de Carlos Guberman.
El artículo también prevé excepciones a los límites. Entre ellas, figuran las autoridades superiores del Poder Ejecutivo y determinados puestos vinculados con las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
También quedan exceptuados los cargos de profesionales de establecimientos hospitalarios y asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, el personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego, los puestos de la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, y los del Centro Nacional de Ciberseguridad. La lista comprende, además, las incorporaciones necesarias para cumplir sentencias judiciales firmes y los cargos correspondientes a funciones ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público.
El artículo 7 profundiza las restricciones. Establece que los organismos de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes al momento de la entrada en vigencia de la ley ni los que queden libres después, salvo que cuenten con autorización previa del jefe de Gabinete.
Así, tanto el reemplazo de un trabajador que deja su puesto como la incorporación de personal para cubrir una vacante quedarán sujetos a una decisión de la Jefatura de Gabinete.
Los artículos también establecen la obligación de informar para reforzar el seguimiento de las dotaciones estatales. Todas las jurisdicciones y entidades deberán enviar a la Secretaría de Hacienda los datos sobre la totalidad de sus plantas de personal y sus contrataciones.
Hacienda, a su vez, deberá publicar esa información en su sitio web. Los datos tendrán que estar disponibles hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada trimestre calendario.
El esquema de control del empleo público ya había tenido un antecedente a comienzos de este año. Mediante la Decisión Administrativa 1/2026, publicada el 19 de enero, el Gobierno dispuso que los organismos de la Administración Nacional informaran trimestralmente a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de sus plantas y las contrataciones de personal.
En un contexto en el que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal entre los ejes de su programa económico, el Presupuesto 2027 busca dar continuidad a los mecanismos de ajuste del gasto público implementados durante este año.
Según los últimos datos del INDEC, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 la cantidad total de empleados de la Administración Pública Nacional y de las empresas y sociedades del Estado bajó de 343.357 a 266.205. La reducción fue de 77.152 puestos, equivalente al 22,5%.
La mayor parte de la caída se produjo en la Administración Pública Nacional. En ese segmento, la cantidad de trabajadores pasó de 233.098 en noviembre de 2023 a 179.396 en septiembre de 2026. Son 53.702 puestos menos, una baja del 23%.
La reducción también alcanzó a las empresas y sociedades del Estado. En noviembre de 2023 tenían 110.259 empleados; en septiembre de 2026, la cifra había descendido a 86.809. El recorte fue de 23.450 puestos, equivalente al 21,3%.










