Lubetkin realizó el comunicado antes de una conferencia de prensa conjunta con su par, Pablo Quirno, en el marco de una reunión de cancilleres del Mercosur que se lleva a cabo en Montevideo. “El presidente nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, mencionó el ministro uruguayo y agregó que ambas naciones están “realizando grandes esfuerzos para ser muy concretos y evitar hablar en exceso” con el objetivo de “prevenir cualquier inconveniente”.
Asimismo, comentó que se han recibido peticiones del canciller argentino y de funcionarios de Entre Ríos y Colón para evitar la “contaminación visual” asociada a la ubicación de la planta.
El proyecto de HIF, con una inversión estimada en 5.385 millones de dólares, contemplaba su instalación a 15 kilómetros de Paysandú y a solo tres de la costa de Colón, incluyendo un parque solar, uno eólico y una planta capaz de producir hasta 876.000 toneladas de metanol anuales a partir de hidrógeno verde.
Según información de HIF, el proceso para obtener la autorización ambiental de Uruguay comenzó en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se logró la viabilidad ambiental de ubicación (VAL) y el 13 de marzo, la empresa presentó la solicitud de autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay.
El litigio en los tribunales argentinos fue interpuesto el 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, así como el senador nacional Adán Bahl, de Entre Ríos. Esta acción judicial busca prevenir daños y perjuicios.
La propuesta de la planta de hidrógeno verde ha reavivado el conflicto ambientalista entre Argentina y Uruguay, recordando la controversia surgida hace casi dos décadas por la instalación de la planta de celulosa de la firma finlandesa Botnia. “Ayer en Colón dejé algo muy claro: no podemos permitir otra Botnia”, manifestó Rogelio Frigerio en marzo pasado. Tras dialogar con representantes municipales y legisladores de Colón, añadió: “He mantenido varias reuniones desde el principio con autoridades de Uruguay para expresar nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú debe ser relocalizada”.
De acuerdo con Michel, Marclay y Bahl, la instalación de la planta podría ocasionar un daño ambiental grave y permanente en el río Uruguay. Además, argumentaron que no se habrían cumplido normativas internacionales como el Estatuto del Río Uruguay, administrado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El encuentro entre los cancilleres también sirvió para firmar un tratado de cielos abiertos, que busca flexibilizar la regulación del transporte aéreo entre ambas naciones. El acuerdo “establece un régimen ampliamente liberalizado para la provisión de servicios aéreos, tanto de pasajeros como de carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas”.
“Este nuevo instrumento crea condiciones favorables para expandir la oferta de vuelos y destinos, fomentar una mayor competencia entre operadores y fortalecer la conectividad entre Uruguay y Argentina, lo que beneficiará tanto a los pasajeros como al intercambio comercial y turístico”, señala un comunicado de la Cancillería uruguaya.
Quirno enfatizó que este acuerdo es un “avance en la búsqueda de mayor integración y relacionamiento entre países hermanos”. “Ver este acuerdo de manera aislada no es correcto; debe considerarse en el contexto de las múltiples conversaciones y acciones para avanzar en conjunto”, concluyó, celebrando la existencia de un “diálogo constructivo” entre ambas naciones.
