El ajuste en el sector público ha superado los 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y poco más de 1 punto en las provincias. En términos de ingresos, se registró una caída inferior al punto porcentual en el ámbito nacional y superior al punto en las jurisdicciones provinciales.
Estos datos provienen del último informe elaborado por una fundación, que analizó la ejecución presupuestaria, los resultados fiscales y la distribución del gasto público entre 2023 y 2025 tanto de la Nación como de las 24 provincias.
La reducción del gasto se ha evidenciado en un recorte de 4,5 puntos para la Nación, lo que representa un descenso del porcentaje del PIB del 17,8% al 13,3%. En las provincias, esta reducción fue algo menor, de 16,7% a 15,4%, lo que equivale a 1,3 puntos.
Al observar los ingresos, la situación cambia. En el ámbito nacional, se registraron pérdidas de apenas 0,3 puntos (de 14,5% a 14,2%), mientras que en las provincias, la disminución alcanzó 1,3 puntos (de 16,8% a 15,5%).
Ajustando por inflación, el gasto primario del Gobierno nacional se redujo un 27,8%, en comparación con una disminución del 10,6% en las provincias. En contraste, los ingresos nacionales cayeron un 5,5% en términos reales, mientras que en las provincias la contracción fue del 11,2%.
“En 2023, Nación experimentaba un déficit primario de 3% del PIB, mientras que las provincias estaban prácticamente equilibradas en conjunto. A partir de esto, el Gobierno nacional llevó a cabo un ajuste deliberado, logrando transformar ese déficit en un superávit primario de más de 1 punto del PIB durante 2024 y 2025. Las provincias, aunque mantuvieron su situación cerca del equilibrio, tuvieron que reducir sus gastos debido a la caída en los ingresos. Esta contracción se debió en parte al recorte de las transferencias discrecionales impulsado por la Nación, así como a la disminución de recursos de impuestos nacionales coparticipables y de la recaudación propia”, explicaron en el informe.
Otro aspecto analizado fue la participación del gasto primario de cada provincia en relación con su Producto Bruto Geográfico (PBG), que mide la producción total de bienes y servicios dentro de cada jurisdicción. Formosa mostró el mayor valor, alcanzando el 50%, lo que significa que su gasto equivale a la mitad de su economía. En otras provincias, esta proporción varía entre el 35% y el 9% de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Sin embargo, al considerar el gasto como porcentaje del PIB nacional, CABA se posicionó como la provincia con mayor relevancia (4,2%), mientras que Formosa ocupó el lugar opuesto (0,32%).
La provincia dirigida por Rolando Figueroa fue la única de las 24 jurisdicciones que experimentó un aumento en sus ingresos reales durante el periodo analizado (2023-2025). Este aumento asciende a $1.134.140 millones a precios de 2025, equivalente al 2,22% de su PBG de ese año. Simultáneamente, sus gastos también crecieron, logrando un incremento del 18,1% en ingresos y del 18,7% en erogaciones, lo que está vinculado claramente con la expansión de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.
En contraposición, La Rioja fue una de las provincias con un ajuste significativo, recortando su gasto primario en un 22% debido a una caída del 24% en sus ingresos. “Su elevada dependencia de las transferencias nacionales y su limitada capacidad de generar recursos propios redujeron considerablemente su margen de maniobra fiscal”, señalaron desde la fundación.
Finalmente, en 2025 el Estado nacional evidenció el mayor ajuste de sus cuentas, con una caída del 27,8% en el gasto primario y una reducción de ingresos que resultó ser menor que la de muchas provincias.
“La sostenibilidad de la nueva estructura fiscal demandará una visión más amplia que contemple el desempeño del sector público nacional junto al de todas las administraciones públicas. El margen de consolidación no puede evaluarse únicamente con cifras agregadas ni asumirse uniforme entre provincias; depende de la estructura y rigidez del gasto, de las responsabilidades asignadas a cada nivel de gobierno y de las condiciones productivas y fiscales de cada jurisdicción.”
