La entrega del documento se realizó durante la audiencia general que el Pontífice dirigió en el Vaticano. Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevó el texto en representación de las autoridades académicas, coincidiendo con la inminente visita de León XIV a Argentina, programada para noviembre.
La carta destaca que el conflicto trasciende la discusión sobre los fondos destinados a las instituciones. Los representantes de las universidades subrayan que la falta de ejecución de una ley ya aprobada y ratificada por el Congreso, junto con los litigios judiciales relacionados, impacta negativamente en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El documento fue entregado el miércoles, a seis días de la quinta Marcha Federal Universitaria, llevada a cabo el 15 de octubre, donde estudiantes, docentes y autoridades demandaron una mejora salarial, recursos para las universidades y el cumplimiento de la normativa vigente. Para quienes gestionaron el encuentro, la decisión del Papa de recibir la solicitud constituyó un fuerte gesto político.
La audiencia tuvo lugar un día después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitiera una apelación del Poder Ejecutivo en relación con la ejecución de una medida cautelar sobre salarios y becas. Aunque este fallo representó un avance procesal para el Gobierno, no resolvió el fondo del conflicto.
La carta, de tres páginas, detalla la reducción de fondos, el impacto en la enseñanza y la investigación, y rechaza lo que el CIN considera una campaña de descalificación de la educación superior pública. “El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República”, señala el texto. Según el documento, el Gobierno ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y desoye las decisiones judiciales que ordenan su inmediata aplicación.
El CIN advirtió sobre las consecuencias institucionales de este desacuerdo: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, afirmaron las autoridades.
Durante el encuentro, Bartolacci transmitió al Pontífice los saludos de la comunidad universitaria y sus expectativas ante su visita al país. “Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, manifestó el rector.
El presidente del CIN también subrayó la necesidad de ofrecerle al Papa información precisa sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia, antes de su llegada, pautada para el 8 de noviembre. Aunque el organismo no precisó que León XIV asumiera compromisos específicos sobre el reclamo, la audiencia creó un espacio para informar sobre las dificultades que enfrentan las instituciones y la postura de las autoridades educativas.
Uno de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la evolución del presupuesto destinado a la educación superior. De acuerdo con el documento, la inversión en universidades nacionales se redujo de un promedio de 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 a 0,47% proyectado para 2026.
Para las autoridades académicas, esta cifra representa el nivel más bajo de inversión histórica en el sistema universitario argentino, significando una reducción de 0,27 puntos porcentuales del PBI con respecto al promedio de los ocho años anteriores, lo que implica una caída cercana al 36,5% en términos relativos.
El CIN destacó que la restricción de recursos afecta el funcionamiento diario de las universidades y limita proyectos de investigación, actividades de extensión, vinculación tecnológica y adquisición de equipamiento.
La carta también establece un vínculo entre la situación financiera y las trayectorias estudiantiles, apuntando que “cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, sino que también dificultan las actividades científicas y el avance en la finalización de carreras.
Las autoridades universitarias mencionaron una reflexión del papa Francisco, quien definió los recortes en educación como un “suicidio programado”. Esta cita busca enfatizar el lugar prioritario que, según el CIN, ocupa la educación en las políticas de inclusión y desarrollo.
La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada por el Congreso y ratificada con mayorías especiales tras un veto presidencial. La normativa prevé mecanismos de recomposición presupuestaria, ajustes salariales para docentes y no docentes, así como recursos para becas estudiantiles.
El Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, alegando la necesidad de identificar fuentes de financiamiento, lo que llevó a las universidades a iniciar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley.
El juez federal en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, dictó resoluciones favorables a los reclamos universitarios, incluida una cautelar sobre salarios y becas, y declaró inconstitucional la condición impuesta por el Gobierno para la ejecución de la norma.
El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara dio luz verde para revisar decisiones que el magistrado de primera instancia había considerado inapelables, permitiendo que el Estado discutiera la continuidad de la cautelar en el marco del planteo oficial. Sin embargo, no se resolvió si la cautelar sigue vigente ni si el Gobierno ha cumplido con las obligaciones ordenadas.
Para el Gobierno, la resolución avaló su postura en la disputa, mientras que las universidades continúan reclamando por la efectiva aplicación de la ley y la asignación de recursos en el contexto del debate del Presupuesto 2027.
En su misiva, el CIN afirmo que el sistema universitario público integra a aproximadamente tres millones de personas en más de 70 instituciones de diversas tradiciones académicas, destacando su aportación a la movilidad social, formación profesional, producción científica y desarrollo tecnológico. “La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país”, se señalaba en la carta, vinculando el financiamiento de estas capacidades a la generación de valor en las materias primas y la creación de empleo.
Finalmente, el texto recoge reflexiones de León XIV sobre la comunicación, el diálogo y la búsqueda de la verdad frente a la desinformación y la polarización. Para el CIN, las universidades deben preparar ciudadanos capaces de evaluar fuentes y participar en debates públicos. “La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan”, concluye uno de los últimos pasajes de la carta.
Las autoridades universitarias manifestaron su confianza de que el reconocimiento del Pontífice al sistema educativo, su palabra y su bendición puedan renovar la confianza en las instituciones democráticas. La presentación en el Vaticano añadió así una dimensión internacional a un conflicto que persiste abierto en el Congreso y en los tribunales.
