El juez federal Ariel Lijo ha convocado a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, a prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Javier Milei. Asimismo, Lijo ha dispuesto la inhibición general de bienes para ambos. Esta decisión fue tomada menos de 24 horas después de que se formalizara el pedido de citaciones e inhibiciones. Las indagatorias fueron solicitadas, recientemente, por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quien es el responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes argumentaron que la droguería de los Kovalivker había “cooptado” la Andis y que habían implementado un esquema de cartelización y sobreprecios. En total, los fiscales habían solicitado 43 indagatorias; la mayoría de ellas fueron autorizadas por Lijo, quien también ordenó la inhibición de los bienes de 36 personas, la mayoría de ellas vinculadas a las empresas que, según los fiscales, formaron parte de la cartelización. Las audiencias comenzarán el próximo jueves, con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina, y se extenderán hasta el 26 de noviembre. En la segunda jornada de indagatorias, programada para el 3 de noviembre, se presentarán otros altos directivos de la misma droguería: Sebastián Nuner Uner (director de Asuntos Corporativos), Gonzalo Zarbo (gerente de la División Tratamientos Especiales) y Fernando Domínguez (coordinador de Tratamientos Especiales). Dos acusados centrales en este caso están citados para la última semana de indagatorias: Pablo Atchabahian, supuestamente lobbista de los Kovalivker en la Andis, el 24 de noviembre; y Miguel Ángel Calvete, también señalado como operador dentro de la Agencia de Discapacidad y acusado de haber sobornado a Diego Spagnuolo, quien era el titular del organismo, el 25 de noviembre. Atchabahian, Calvete y Spagnuolo ya se encuentran procesados en este expediente. Respecto a la inhibición de bienes, Lijo argumentó que era necesario congelar los patrimonios de 36 de los acusados para evitar que pudieran deshacerse de sus bienes. En la misma resolución en la que se ordenaron las indagatorias, el juez advirtió: “Debe tenerse en cuenta que el escenario antes descrito [de sospecha sobre los acusados] impone la necesidad de adoptar, con la mayor premura posible, medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación”. Para asegurar que ninguno de los inhibidos disponga de sus bienes registrables, el juez ordenó comunicar el fallo a los registros de la Propiedad Inmueble, de la Propiedad Automotor, de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y de Buques, así como al Presidente del Jockey Club Argentino. La noticia está en desarrollo.
