La Libertad Avanza obtuvo un respaldo casi unánime para su propuesta destinada a la discapacidad, con 237 votos a favor, frente a 9 en contra y 4 abstenciones. Esto se logró luego de aceptar diversas modificaciones solicitadas por aliados provinciales relacionados con pensionados y prestadores de servicios. “Empezamos a andar un camino en el cual comenzamos a buscar consensos”, afirmó Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). Las abstenciones provinieron del Frente de Izquierda, mientras que los votos en contra fueron exclusivamente de los representantes del cordobecismo y su colega Lourdes Arrieta.
Las negociaciones con opositores y legisladores que buscan el diálogo, como las anticipadas, fueron aclaradas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) durante la sesión. “Nuestras disidencias son de fondo e importantes”, indicó, y advirtió que “si nuestras sugerencias no son aceptadas no vamos a acompañar la ley”. El diputado hizo hincapié en el potencial que tienen los 10 miembros de su bloque para decidir el rumbo de la votación desde ambos lados del espectro político.
Los cambios propuestos abarcaron a la mitad de la legislación libertaria e incluyeron la garantía de atención sanitaria, plazos límite (de hasta un mes) para la actualización de las tarifas de los prestadores, claros criterios para ser beneficiario de una pensión, la derogación de la suspensión preventiva sin derecho a descargo, la protección del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, la compatibilidad de pensiones con empleo, el establecimiento de fondos específicos provenientes del Ministerio de Salud y la eliminación de elementos de discrecionalidad por parte del Ejecutivo, junto con beneficios impositivos para empleadores.
Oscar Herrera Ahuad se destacó como uno de los principales impulsores del proyecto relacionado con la discapacidad.
A lo largo de la jornada, los diputados también aprobaron un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo, reformas al Código Penal para penalizar el vandalismo rural y el traspaso de un inmueble estratégico en la localidad chaqueña de Barranqueras. La votación respecto a la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” fue más ajustada, con 125 votos a favor y 119 en contra, incluyendo a aliados provinciales y el Movimiento de los Trabajadores (MID), lo que resultó en una modificación de la ley de Tierras sancionada en el periodo kirchnerista, la cual será reenviada al Senado.
También se espera el tratamiento de un proyecto sobre la morosidad. La propuesta del Gobierno incluye datos financieros y una opción de arrepentimiento, mientras que la oposición demanda refinanciación, límites a las tasas de interés y la condonación de intereses punitorios. Sin embargo, una advertencia, que había sido anticipada, fue reiterada por legisladores de ambas partes en el recinto: podría haber falta de quórum tras la medianoche, lo que podría llevar al desmoronamiento de la sesión. Algunos incluso mencionaron la necesidad de viajar a Brasil para cumplir con responsabilidades como observadores electorales. Como prueba del escepticismo, se dejó la discusión para el final.
El Gobierno experimentó una aprobación ajustada de la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
La iniciativa oficialista en relación a la discapacidad elimina la emergencia y fija un cronograma para finalizar el proceso de liquidación y pago de compensaciones; mantiene la pensión no contributiva por discapacidad actualizada de acuerdo a la jubilación mínima y permite ajustes presupuestarios. Tras su aprobación, Rodríguez Machado destacó que “somos responsables de asegurar que lo que se apruebe tenga su respaldo en el Presupuesto”. Se refirió también a las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expresó que desde el Ejecutivo “hubieran deseado otra cosa” con respecto al dictamen del bloque libertario.
El proyecto mantiene beneficios impositivos para empleadores que contraten a personas con discapacidad a tiempo indeterminado; asegura que los beneficiarios de la pensión tendrán acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud; incorpora un sistema de capacitación para los prestadores de servicios; y establece auditorías periódicas y evaluaciones del sistema bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.
La búsqueda de fondos para la discapacidad fue inicialmente promovida por la oposición, que pretendía extender la emergencia que finaliza el 31 de diciembre. Ante eso, La Libertad Avanza convocó a aliados y presentó una propuesta similar que institucionaliza y preserva la vigencia del régimen propuesto excepcionalmente por los disidentes.
Con un amplio respaldo, se logró la media sanción para un módulo informático que asegure el “Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo”. Esta iniciativa, que nació en 2025 con el apoyo interpartidario de diputadas como Mónica Fein (ya fuera de mandato), Victoria Tolosa Paz y Silvana Giudici, surgió tras la tragedia provocada por el fentanilo que implicó a los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, resultando en al menos 128 muertes, con otros 50 casos todavía en investigación.
El peronismo fracasó en su intento de erradicar la sesión debido a la falta de quórum.
“Buscamos rastrear la producción de cada medicamento y que el Estado tenga conocimiento sobre su elaboración, almacenamiento, distribución y administración para cada paciente. Es fundamental identificar lotes, unidades mínimas y pacientes tratados con medicamentos de alto riesgo”, explicó Manuel Quintar (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Salud en Diputados.
Además, detalló que se establecerá un “sistema de alerta sanitaria inmediata” de hasta seis horas para adoptar medidas preventivas, que incluirán la inmovilización de lotes, restricciones de uso y la suspensión de la distribución. El proyecto especifica cómo se registrarán los medicamentos, la protección de los datos personales de los pacientes y las sanciones para quienes incumplan, que abarcarán desde multas hasta inhabilitaciones y clausuras.
La responsabilidad de aplicación corresponde a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que según Tolosa Paz, “necesita una ley que le otorgue capacidades para que esto no sea solo un texto vacío”. “Esta ley permite localizar rápidamente un lote contaminado, aunque no evitará que vuelva a ocurrir”, añadió Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien pidió la reactivación de la Comisión de Salud. Además, Pablo Juliano (Provincias Unidas) exigió que “la Justicia encuentre y castigue a los responsables políticos que han encubierto semejante atrocidad”.
Asimismo, se aprobó con un sólido respaldo (162 votos a favor y 77 en contra) la implementación de penalidades para actos de vandalismo rural. “No se protege la propiedad; ya existen figuras como ‘usurpación’ y ‘daño’, lo que se defiende es la libertad y la intimidad; la posibilidad de estar tranquilo en un terreno cercado”, indicó Martín Ardohain (PRO), autor del proyecto, quien sostuvo que se cubre un vacío legal. Se realizaron correcciones en la redacción, así como ajustes en las penas, planteados por Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).
El proyecto consta de solo dos artículos. El primero incorpora al Código Penal el artículo 150 bis, que prevé penas de prisión de uno a dos años por la entrada de un individuo a un establecimiento rural o dependencias territoriales, mientras que el segundo detalla el artículo 184 bis, estableciendo penas de prisión de dos a ocho años y multas, que oscilan entre tres y doce veces el valor de los daños causados, para quienes destruyan o inutilicen un stock de materias primas o insumos relacionados con su producción y almacenamiento.
