Uno de los objetivos primordiales del Gobierno para este cierre de 2025 es normalizar definitivamente el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Tras un año marcado por las vacantes y las subrogancias que ralentizaron fallos trascendentales en materia económica y laboral, el Ejecutivo ha enviado al Senado los pliegos definitivos para ocupar el quinto sillón del máximo tribunal. La elección del candidato, un jurista de perfil técnico y conservador, busca seducir a los bloques de centro y evitar el rechazo automático del kirchnerismo duro.
La urgencia no es casual. Con la economía estabilizada, la lluvia de amparos contra las reformas del Estado ha disminuido, pero aún quedan pendientes definiciones sobre la constitucionalidad de decretos clave dictados en 2024. El Gobierno necesita una Corte con integración plena que otorgue seguridad jurídica a las grandes inversiones que están aterrizando bajo el régimen RIGI. Un tribunal rengo o dividido es un factor de incertidumbre que los inversores extranjeros marcan en rojo en sus informes de riesgo país.
La negociación en la Cámara Alta se perfila compleja pero viable. A diferencia del escenario de 2024, el oficialismo cuenta ahora con mayor volumen propio y aliados más disciplinados. La estrategia es atar la aprobación de los pliegos judiciales a un paquete de obras de infraestructura judicial federal en las provincias, un incentivo pragmático para convencer a los senadores indecisos. “Gobernabilidad judicial a cambio de recursos”, es la síntesis que se escucha en los pasillos del Congreso.
Paralelamente, se reaviva el debate sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país, una reforma que promete agilizar las causas de corrupción y narcotráfico. El Ministerio de Justicia quiere mostrar resultados concretos en la lucha contra la impunidad, utilizando la modernización del sistema como bandera de gestión para el 2026.
Si el Gobierno logra cerrar el año con la Corte completa y el sistema acusatorio avanzando, habrá saldado una de las deudas institucionales más pesadas de la democracia reciente. La justicia lenta no es justicia, repiten en Balcarce 50, convencidos de que la seguridad jurídica es el pilar que le falta al modelo económico para consolidarse definitivamente ante los ojos del mundo.
