Los magistrados exigieron a la administración de la ciudad que “actúe con mesura, prudencia institucional y apego al derecho” en situaciones como esta, en las que se invoca legislación internacional que está respaldada por la Constitución argentina.
El manifiesto de rechazo a la acción del jefe de gobierno se convirtió en una clara expresión de respaldo hacia De Marinis, quien había declarado la inconstitucionalidad de un artículo específico de la ley de baja de imputabilidad (27.801), una norma promovida por el gobierno de Javier Milei en colaboración con el PRO y sus socios.
El llamado “Comunicado en apoyo a la magistrada De Marinis” fue firmado por 91 jueces de la ciudad de Buenos Aires, quienes expresaron su “más enfático repudio y profunda preocupación” ante el juicio político presentado contra la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3.
La decisión de De Marinis había consistido en hacer lugar al pedido del fiscal para sobreseer a un adolescente de 14 años, acusado por un hombre de 47 años de intentar robarle su teléfono. El delito, no consumado, había llevado a la detención del joven por parte de la Policía de la Ciudad.
La magistrada declaró la “inconstitucionalidad” del artículo 1 de la ley 27.801 solo en lo que respecta a este caso, argumentando que la aplicación de dicha norma resultaba regresiva, desproporcionada y estigmatizante ante la situación de desamparo del adolescente por parte del Estado.
La respuesta inmediata de Jorge Macri fue la promoción del juicio político. Por ello, los jueces que expresaron su apoyo a De Marinis (sin necesariamente coincidir con la decisión) señalaron que dicho pedido “como consecuencia del desacuerdo” con el fallo “agravia seriamente la independencia judicial” consagrada en la Constitución nacional.
La jueza únicamente “ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad” en este caso particular, consideraron los magistrados, y lo hizo en virtud de que la reducción de la edad de punibilidad es contraria al sistema de protección integral de derechos.
Además, el comunicado resaltó que la acción de la magistrada fue promovida por el Ministerio Público de la Defensa y respaldada por el Ministerio Público Tutelar, que representa los derechos del adolescente involucrado.
Por lo tanto, subrayaron que, más allá de si se comparte o no un fallo judicial, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debería acatar “el respeto de las decisiones” tomadas por los jueces en el marco del Estado de Derecho.
El comunicado también enfatizó que la decisión de De Marinis no solo se basó en el pedido del fiscal, sino que fue posteriormente apelada por el Ministerio Público, un hecho que demuestra el funcionamiento del sistema judicial.
“En contraste, la promoción de un juicio político como respuesta a una sentencia afecta severamente la independencia judicial” y se aparta de los principios de dicha independencia, reafirmaron los 91 jueces, quienes finalmente pidieron “la cesación de la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortaron a las autoridades a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho.”
