Esta situación es la que actualmente atraviesa el Tribunal de Tasaciones de la Nación, liderado por Julio Roberto Villamonte, quien ha sido objeto de cuestionamientos. A raíz de una investigación que abarcó seis artículos sobre la conducta del presidente del Tribunal, se reveló que decidió que el organismo, dependiente del Ministerio de Economía, no realizara la tasación de las empresas que el gobierno de Javier Milei planea privatizar.
Con el fin de permitir que el Tribunal expresara su postura, se contactó a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Esta dependencia requirió que las consultas se enviaran por correo electrónico, lo cual se cumplió el 16 de junio. Las preguntas surgieron tras la respuesta de Villamonte a una solicitud de acceso a información realizada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), en la que admitió haber asumido la representación del cuerpo colegiado para determinar que el Tribunal no intervendría en las privatizaciones de Intercargo, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, las centrales del Comahue, AySA y Transener.
El inciso 6 del Artículo 6 de la Resolución 72/2023 cuestiona la actuación del presidente del Tribunal: “Representar al Tribunal ante los poderes públicos, los Tribunales de Justicia, autoridades y terceros, y dirigirse a los mismos a cualquier efecto, y en aquellos de especial importancia requerir el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado”. Este “acuerdo previo” no fue solicitado.
Los interrogantes presentados al Tribunal se centraron en si el impedimento para tasar integralmente las empresas mencionadas no constituyera un asunto de “especial importancia” que requeriría la intervención del cuerpo colegiado. También se pidieron antecedentes sobre decisiones unilaterales previas y se planteó si esto implicaba una contradicción o una infracción del Reglamento del Tribunal.
De acuerdo con una fuente consultada, a raíz de la investigación, Villamonte convocó una reunión plenaria la semana pasada, donde abordó el tema de las respuestas que había dado de manera individual y presionó para su ratificación, estipulando que decisiones futuras sobre privatizaciones debían someterse al plenario, tal como indica el reglamento.
En la cronología de los acontecimientos, el 18 de junio, seis días después de que se enviaran las preguntas, el Tribunal notificó que declinaba responder, decidiendo convertir las consultas en una solicitud de acceso a información, derivando la responsabilidad de respuesta al propio presidente del Tribunal. Esta decisión se dio en el contexto de que el encargado de realizar las valuaciones del proceso de privatización sería una unidad joven del BICE, liderada por Maximiliano Voss.
La situación no terminó allí. El 7 de julio, el Tribunal solicitó una prórroga para responder a la solicitud de acceso a información generada por su propia iniciativa. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, instruyó a Villamonte para que explicara públicamente las razones de su decisión. A pesar de las críticas internas, el presidente del Tribunal declaró: “El Tribunal de Tasaciones no está autorizado a evaluar empresas a privatizar”.
Esta afirmación generó un aumento del descontento hacia su figura, que pronto se convirtió en una rebelión abierta contra su liderazgo. Un contacto interno aseguró: “Villamonte no solo desconoce las tasaciones realizadas por el organismo que preside, sino que además afirmó que el Tribunal ‘no está autorizado’ a tasar empresas a privatizar. Eso es falso, incluso a la luz de la ley que está obligado a conocer y cumplir. El artículo 2° inciso B) de la Ley 21.626 lo autoriza expresamente para tasar bienes que el Estado o sociedades con participación estatal mayoritaria proyecten enajenar”.
Es importante destacar que la ley 21.696 designa al Tribunal como la entidad responsable de la tasación de bienes. En su inciso D del Artículo 2, establece que debe “Practicar tasaciones sobre todo tipo de bienes que le sean requeridas por organismos nacionales, binacionales o multinacionales de las cuales el Estado Nacional sea parte, provinciales o municipales, cualquiera sea la forma jurídica adoptada”.
Finalmente, el 30 de julio, Villamonte respondió a la solicitud de acceso a información que él mismo había originado. En una respuesta algo apresurada, negó cualquier respuesta, argumentando que “analizados los términos de la presentación, se advierte que exceden el alcance del régimen previsto por dicha ley, por cuanto se encuentran orientados a obtener interpretaciones, explicaciones o pronunciamientos respecto de actuaciones o decisiones administrativas, y no al acceso a la información obrante en esta jurisdicción”.
Curiosamente, no se atrevió a afirmar en un expediente que no había infringido el Reglamento interno al tomar una decisión que debió ser consensuada con los demás miembros del Tribunal. El contenido completo de la respuesta emitida por el Tribunal de Tasaciones a la solicitud realizada por su propia Dirección Jurídica sigue generando controversia.
