Esta normativa ha sido formalizada a través de la Resolución 93/2026, que entrará en vigencia 90 días después de su publicación. Este nuevo marco sustituye regulaciones que estaban vigentes desde 2011 y exige que los registros adopten un enfoque basado en riesgo, lo que implica que cada organismo debe identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a su operar diario.
Uno de los cambios más significativos se refiere al régimen de reportes mensuales. Anteriormente, los Registros de la Propiedad Inmueble estaban obligados a informar sobre las compraventas que superaran 750 salarios mínimos, vitales y móviles, así como las inscripciones de usufructo vitalicio sobre propiedades valoradas por encima de 200 salarios mínimos.
Con la nueva normativa, ya no será obligatorio reportar los usufructos vitalicios, pero se incorporan dos nuevas categorías: las donaciones y las operaciones sobre inmuebles localizados en el exterior. En este último caso, deberán reportarse las inscripciones relacionadas con la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles cuando el acto jurídico pertinente se haya realizado fuera de Argentina.
Los reportes deberán ser presentados en formato digital antes del día 15 de cada mes.
La resolución también introduce una serie de indicios que los registros deben considerar al momento de detectar operaciones inusuales. Esto incluye inscripciones sucesivas de un mismo inmueble cuando el precio fluctúe más del 30% en un periodo de un año, la acumulación de múltiples operaciones a nombre de una sola persona y las discrepancias en los datos de identificación de los participantes en una transacción.
El propósito es ampliar la capacidad de los registros para identificar movimientos que puedan estar relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cada Registro de la Propiedad Inmueble deberá designar un Oficial de Cumplimiento titular y un suplente, ambos registrados ante la UIF. Este funcionario se encargará de proponer políticas internas de prevención, redactar un manual, analizar operaciones inusuales y reportar aquellas que sean consideradas sospechosas.
La nueva normativa establece un plazo de 24 horas para reportar operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas, con un límite máximo de 90 días desde que se realizó la operación en el caso de lavado de activos.
Asimismo, se requiere que los registros implementen herramientas tecnológicas de monitoreo para examinar las operaciones que inscriben, entre las cuales se encuentran compraventas, hipotecas, donaciones, embargos y otros derechos reales sobre inmuebles. A la par, la UIF ha eliminado la obligación de presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de las normas de prevención, justificando esta decisión en que la información puede ser verificada directamente a través de fuentes y registros oficiales, evitando así una duplicación innecesaria de trámites.
Los registros deberán conservar durante 10 años toda la documentación relacionada con las operaciones y aquellas clasificadas como inusuales. Además, estarán obligados a contar con un Manual de Prevención y un Código de Conducta que incluya sanciones internas por incumplimientos.
Para adaptarse a este nuevo esquema, los organismos tendrán un plazo de 240 días desde la publicación de la resolución para actualizar sus manuales, aprobar sus códigos de conducta y adecuar sus sistemas tecnológicos. La implementación del nuevo régimen de reportes comenzará en noviembre de 2026.
