Mientras en el Congreso perdieron impulso las iniciativas para aliviar las deudas de familias y empresas, el peronismo presentó en el Senado un mapa nacional sobre la situación de las PyMEs. El informe, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y APYME, indica que la deuda empresarial en mora aumentó 840% en términos reales entre agosto de 2024 y septiembre de 2026. En el mismo período, la deuda total creció 72,3%.
El relevamiento fue presentado por los senadores Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, junto con empresarios y especialistas. El trabajo permite analizar la morosidad según el tamaño de las firmas, el rubro al que pertenecen y la provincia donde operan. La mora representa el 8,2% del monto adeudado por las PyMEs, más del doble del 3,9% correspondiente a las grandes empresas. En las microempresas, llega al 17,6%.
El estudio señala que la expansión del crédito a las empresas, que se extendió hasta mediados de 2025, estuvo impulsada sobre todo por las grandes compañías. Después, el crédito dejó de crecer, pero siguió aumentando la cantidad de empresas en mora.
En septiembre, el stock real de deuda total empresarial sumó $87,94 billones y la deuda en mora alcanzó $3,51 billones. Los valores están expresados en pesos constantes y ajustados por inflación.
Las cifras de los últimos dos años reflejan una brecha entre el crecimiento del endeudamiento de las empresas y su capacidad para cumplir con los pagos. De agosto de 2024 a septiembre de 2026, la deuda total aumentó 72,3% en términos reales, mientras que la deuda morosa se disparó 840%.
El quiebre se produjo después de mediados de 2025. Hasta entonces, el crecimiento del crédito empresarial se concentró en las grandes firmas. Desde ese momento, el volumen de crédito se estancó, aunque mes tras mes más empresas comenzaron a registrar atrasos.
La duración de los incumplimientos muestra que el fenómeno no se limita a deudas recientes. En septiembre, la mitad de las empresas morosas acumulaba entre tres y 13 meses de atraso. La mediana de antigüedad de la deuda antes de ingresar en mora era de seis meses.
El tamaño de las firmas marca una de las diferencias más pronunciadas. La tasa de mora sobre el monto adeudado por las PyMEs es de 8,2%, frente al 3,9% de las grandes empresas: una proporción 2,1 veces mayor. Entre las microempresas, el indicador trepa al 17,6%.
Los monotributistas y los trabajadores autónomos también muestran un nivel elevado de incumplimiento, con una tasa de mora del 11,6%.
La desigualdad se observa dentro de un sistema de crédito concentrado en las grandes compañías. Por esa razón, el promedio general puede ocultar el deterioro de las firmas pequeñas frente al volumen de deuda de las empresas de mayor tamaño. El mapa permite distinguir esos grupos y precisar dónde se concentra el problema.
La situación también varía según la actividad. Entre las microempresas, gastronomía presenta la tasa de mora más alta, con 29,2%, seguida por construcción, con 27,5%. Los porcentajes también son elevados en minería, con 23,9%; industria de bienes de consumo, con 20,7%; comercio de necesidades básicas, con 18,7%; transporte y comunicaciones, con 17,9%; y servicios profesionales y públicos, con 17%.
El patrón se repite en los distintos rubros: cuanto menor es la empresa, mayor es la proporción de su deuda que está en mora. En la construcción, el indicador es de 27,5% para las microempresas, 13,7% para las pequeñas y 9,5% para las medianas. Entre las grandes del sector, llega al 7,6%.
La distancia es aún más amplia en gastronomía: la mora alcanza el 29,2% en las microempresas y el 2,7% en las grandes. En la industria de bienes de consumo, los valores son de 20,7% para las microempresas y 12,5% para las pequeñas, frente al 3,9% de las grandes empresas.
La evolución de los cheques rechazados acompaña el aumento de los incumplimientos empresariales. Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, la cantidad de cheques rechazados se multiplicó por 2,5 y el monto real involucrado aumentó 137,8%.
En septiembre se rechazaron 137.100 cheques, por un total real de $497.800 millones. El incremento no se debió a que hubiera más cheques de mayor valor: el monto real promedio por cheque disminuyó 3%. El alza estuvo vinculada principalmente con una mayor cantidad de rechazos.
También creció 151,3% el número de emisores únicos de cheques rechazados. Durante el período, el 99,3% de los rechazos se debió a falta de fondos.
El seguimiento de las empresas que renegociaron sus obligaciones ofrece otra señal de la dificultad para salir de la crisis financiera. Entre abril y septiembre de 2026, los deudores refinanciados aumentaron 75,9% y el monto refinanciado, 111%.
Pese a ello, la mayoría no consiguió mejorar su situación: el 45,3% volvió a caer en mora, el 36,9% continúa en las mismas condiciones y apenas el 17,8% logró avanzar. La cantidad de deudores refinanciados que reincidió en la mora supera en 155,3% a la de quienes consiguieron mejorar.
El dato indica que el problema no es solo acceder a una refinanciación. Una proporción importante de las empresas tampoco logra sostener el cumplimiento de sus obligaciones después de reestructurar la deuda.
El mapa también vincula la morosidad financiera con las obligaciones fiscales. Según la metodología aplicada para detectar incumplimientos ante ARCA, al menos el 19,7% de las empresas con deudas financieras en mora también registra atrasos fiscales.
La proporción aumenta a medida que se agrava la situación bancaria. Entre las empresas clasificadas en situación 3 por el BCRA, el 11,15% tiene además mora fiscal. En la situación 4, el porcentaje es de 17,5%, y entre quienes acumulan más de un año de atraso llega a 25,05%. Para las microempresas en la condición más grave, alcanza el 28,65%.
El informe detecta también una señal en sentido inverso: al menos el 2,2% de las empresas sin mora financiera sí tiene incumplimientos fiscales.
Las diferencias también se expresan entre las provincias. Si se compara la cantidad de empresas morosas con el total de firmas, San Luis encabeza la lista, con 22,2%. Le siguen Formosa, con 21,7%, y La Rioja, con 20,9%.
Santa Cruz y Santiago del Estero registran 19,5%; San Juan, 19,3%; Tierra del Fuego y Salta, 18,6%; y Catamarca, 18,2%. En el extremo opuesto están La Pampa, con 6,9%; Santa Fe, con 10,1%; la Ciudad de Buenos Aires, con 10,6%; y Buenos Aires, con 12%.
La morosidad alcanza a todo el país, aunque con diferencias significativas entre las economías regionales.
La presentación en el Senado tuvo lugar en medio del debate sobre las medidas para reducir el endeudamiento de las familias y las empresas. La economista Delfina Rossi, directora del Centro de Estudios para la Ciudad y responsable de elaborar el mapa, describió la situación de las PyMEs como de “asfixia financiera” y sostuvo que “no hay refinanciación que alcance” sin una recuperación de la actividad económica.
El senador Mariano Recalde consideró insuficientes las facilidades de pago y la suspensión de embargos para resolver el problema. “Si no reactivamos el consumo, si no reactivamos la actividad económica, si las familias no empiezan a tener suficientes ingresos como para hacer frente a sus gastos, esto va a volver a empezar”, afirmó.
Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Economías Regionales, señaló que el mapa servirá para dimensionar la situación y elaborar herramientas que protejan el empleo y la producción.
La senadora Alicia Kirchner puso el foco en las deudas de las familias y las empresas de la Patagonia y afirmó que hay más de 60 proyectos presentados en el Congreso relacionados con el problema.
Desde el sector empresario, Julián Moreno, presidente de APYME, reclamó medidas para sostener las unidades productivas. “Si nosotros no hacemos algo hoy para sostener a las unidades productivas que están cayendo, se dificultará la recuperación de la actividad económica”, afirmó.
El mapa ofrece así una imagen del deterioro financiero de las empresas argentinas: el crédito dejó de expandirse, la deuda en mora aumentó con fuerza y las firmas más pequeñas concentran los mayores niveles de incumplimiento.
