El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), bajo la dirección de Esteban Leguízamo, hizo pública esta decisión a través de un comunicado oficial en colaboración con el Ministerio de Salud. La cancelación de los contratos es resultado de auditorías continuas que identificaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de servicios no prestados y condiciones de higiene y seguridad insuficientes en los establecimientos. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, aseguró el organismo.
El caso de Tucumán
Dentro de este proceso de auditoría se encuentra el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio ubicado en San Miguel de Tucumán que ofrece diversas especialidades y prácticas ambulatorias. La revisión integral reveló una serie de faltas que abarcan problemas administrativos y violaciones a la normativa de derechos del paciente.
Entre las irregularidades más serias se destacan la falta de habilitación municipal vigente y la falta de documentación profesional adecuada, incluidas matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
También se constató que los jubilados experimentaban esperas de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades como cardiología y traumatología, lo que afectó su acceso al sistema de salud. Un hallazgo particularmente alarmante fue la modalidad de atención que asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema de “por orden de llegada”, lo que los auditores consideraron incompatible con una atención médica de calidad.
Finalmente, se identificaron un número significativo de consultas y estudios comunicados al PAMI sin la documentación de respaldo necesaria, incluyendo historias clínicas sin firmas ni sellos profesionales, así como estudios médicos incapaces de proporcionar los informes correspondientes. Estas prácticas contravienen la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso de Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se encuentra bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP y afecta a un médico identificado como J.C., prestador de la UGL XIII – Chaco del PAMI. Las investigaciones surgieron tras auditorías y controles que revelaron deficiencias en la documentación clínica, incumplimientos contractuales e inconsistencias en las prestaciones facturadas.
El profesional no pudo rectificar las observaciones durante su respuesta, y las explicaciones aportadas no fueron consideradas suficientes. Según el expediente, las faltas detectadas comprometen los mecanismos de supervisión del PAMI, lo que llevó a la decisión de aplicar sanciones administrativas y finalizar el contrato.
La gravedad de estas irregularidades motivó al PAMI a presentar una denuncia penal para que la Justicia investigue si estas acciones constituyen delitos. Este caso implicó a equipos jurídicos y técnicos del organismo, que informaron al Ministerio Público Fiscal sobre cómo las irregularidades afectaban el funcionamiento normal del sistema.
Un patrón de fraude en investigación desde 2014
Ambos incidentes se inscriben en un plan de fiscalización más amplio que el PAMI ha llevado adelante desde la asunción de Esteban Leguízamo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa que asciende a miles de millones de pesos, articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas y facturaciones sin respaldo, además del uso indebido de datos personales de afiliados. Estas denuncias han originado al menos seis causas penales en varias jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología arrojaron volúmenes de servicios que resultaron imposibles de justificar. Uno de los casos documentados mostró a un prestador con dos quirófanos que reportó 283 prácticas en 95 pacientes en tan solo cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes diferentes, lo que implicaría una jornada laboral entre 81,5 y 108,7 horas continuas.
Ante esta situación, el organismo ha implementado un sistema de control que incluye el monitoreo constante de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del sistema de turnos digitales del PAMI, auditorías permanentes sobre la conducta de los prestadores y sanciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al mismo tiempo que aseguraron que las bajas aplicadas no afectarán los tratamientos de los afiliados, dado que el organismo está trabajando para garantizar la continuidad de los servicios a través de la red de atención nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno al nombrar a la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
