Las enmiendas a la primera versión de la ley comenzarán a regir una vez que el Poder Ejecutivo las promulgue y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajuste su sistema, permitiendo así a los contadores presentar las declaraciones juradas correspondientes al año 2025. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de un régimen que se propone captar unos u$s 170.000 millones.
La normativa de Inocencia Fiscal permite a los contribuyentes liquidar el Impuesto a las Ganancias sin necesidad de presentar declaraciones de bienes al inicio y al final de cada ejercicio fiscal. A partir de 2025, el fisco asumirá que los activos declarados están en orden, extendiendo esta presunción a los ejercicios fiscales de 2024 y 2023. En caso de que ARCA presuma una posible evasión, tendrá la obligación de demostrarlo con la información que ya posee, invirtiendo así la carga de la prueba que antes recaía en el contribuyente.
Entre los principales puntos de este nuevo mecanismo de control se encuentran:
– ARCA se enfocará en verificar la facturación y el gasto declarado. – Solo se llamará la atención cuando haya una discrepancia del 15% o superior entre lo declarado y los datos disponibles, considerando además un piso de $ 5 millones para que la diferencia se considere relevante (anteriormente, el control se aplicaba con base exclusivamente en el porcentaje, lo que podía incluir a quienes presentaban diferencias menores). – Si se identifica una discrepancia por encima de este umbral, el contribuyente dispondrá de 15 días desde la notificación para aceptar la liquidación y abonar el impuesto junto con sus accesorios, manteniendo los beneficios del régimen.
Una modificación clave de la nueva ley se centra en la inclusión de nuevos contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Bajo la normativa anterior, quedaban excluidos aquellos con ingresos superiores a $ 1.000 millones o un patrimonio mayor a $ 10.000 millones en cualquiera de los últimos tres años. Con la legislación vigente, se amplían estos criterios, permitiendo la inclusión de aquellos que previamente no podían acceder al esquema.
Asimismo, la ley proporciona un camino para regularizar ciertas condiciones sin sacrificar los beneficios del régimen, lo que ha sido señalado por especialistas tributarios como un avance en términos de seguridad jurídica comparado con la primera versión de Inocencia Fiscal.
La normativa establece un límite temporal claro:
– Fecha límite: 31 de diciembre de 2027. – Protección otorgada durante este plazo: hasta esa fecha, ARCA no podrá presumir un enriquecimiento no declarado basado en las diferencias no justificadas en las declaraciones impositivas (inciso f) y los movimientos en cuentas bancarias (inciso g). – Importancia del inciso g: este es el mecanismo utilizado por quienes desean reintegrar dólares al sistema a través de entidades bancarias, así que durante este período, dichos movimientos no podrán ser utilizados para presumir un enriquecimiento no declarado. – Después del 31/12/2027: los contribuyentes seguirán pudiendo usar los dólares que tienen fuera del sistema, aunque el riesgo de inspección aumentará nuevamente.
El Gobierno confía en que esta nueva norma facilite la inclusión de una parte de los alrededor de u$s 170.000 millones que, según el Banco Central, los argentinos mantienen fuera del circuito formal, generando un impacto positivo en el consumo, el mercado inmobiliario, la bancarización y el acceso al financiamiento.
Es importante destacar que esta ley no establece un blanqueo tradicional, sino que modifica las normativas de fiscalización, amplía el número de contribuyentes elegibles para el RSG y ofrece mayores niveles de protección frente a ciertas inquietudes planteadas por ARCA.
El proceso inicia con la adhesión al régimen y culmina con el uso formal de los dólares:
– Elegir el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias ante ARCA. – Decidir el destino de los dólares. Una vez inscripto en el régimen, el contribuyente puede optar por llevar el efectivo a una entidad financiera, canalizarlo a través del mercado de capitales mediante un agente autorizado, o emplear los dólares directamente en transacciones inmobiliarias. En este último caso, el pago puede hacerse en efectivo ante el escribano en el marco de una escritura pública relacionada a derechos sobre un inmueble. – Presentar la constancia ante el banco, agente o escribano correspondiente. – Realizar la operación y formalizar el uso de los fondos. Tras cumplir con los controles pertinentes, los dólares quedan habilitados para utilizarse en la operación seleccionada.
