Según información del Registro Federal de Salud Nominalizado (Nomivac), desde octubre de 2022 hasta la fecha se han administrado solo 271.311 dosis de la vacuna de Pfizer, que el gobierno nacional ofrece sin costo a la población, en un momento en que el virus continúa circulando y mutando, con riesgos mayores para personas con comorbilidades, así como para los niños y los adultos mayores.
La elección del mes de octubre no es arbitraria. En ese mes del año 2022 llegaron los últimos envíos de vacunas de Pfizer, que sumaron cerca de un millón de dosis. A partir de los datos de vacunación, se estima que aproximadamente el 70% de esas dosis no se han utilizado. Es importante considerar que la fecha de caducidad del producto, según la FDA, es de un año.
Los contratos iniciales firmados por el kirchnerismo con Pfizer se concretaron a partir del segundo semestre de 2021, cuando la pandemia ya había causado un gran impacto. El primer acuerdo fue el 16 de agosto de 2021, por 20.080.710 dosis (a 12 dólares cada una), y el segundo, el 18 de enero de 2022, por 18.501.160 dosis (a 12,50 dólares cada una). En este momento, aún queda pendiente la entrega de cerca de 8 millones de dosis, lo que representa un costo total aproximado de 100 millones de dólares.
Desde 2023 hasta 2024 se han realizado varias modificaciones al contrato para extender los plazos de entrega, debido a la baja demanda. El último plazo se establece para noviembre de 2027, y se presentan dos alternativas: postergar la fecha nuevamente, tal como se ha hecho, o buscar un enfoque alternativo.
Se conoce que los contratos entre el Estado y las farmacéuticas suelen ser confidenciales, lo que dificulta la divulgación de detalles por parte de las partes involucradas. Sin embargo, de fuentes independientes se ha indicado que Pfizer podría estar abierta a revaluar el acuerdo original.
Se sugiere que, en vista de que es poco probable que exista una demanda significativa de vacunas, se evalúe la posibilidad de utilizar esos fondos para adquirir otros medicamentos que resulten más útiles para la población, evitando así el desperdicio de recursos.
Según las fuentes citadas, ya habrían tenido lugar diálogos preliminares entre el Gobierno y la sucursal local de la compañía, donde se mencionaron posibles opciones de fármacos para reemplazar las vacunas de Covid, aunque el Estado aún debería mantener un stock disponible para quienes las requieran.
No obstante, ante la pregunta específica sobre si se están realizando negociaciones en este sentido, desde el Gobierno solo se comentó: “No hay movimiento ni modificaciones”. En cuanto a Pfizer, no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.
En un contexto de secretismo, es probable que cualquier anuncio oficial solo se realice si las negociaciones avanzan y se logran resultados concretos, es decir, cuando se concrete la posibilidad de racionalizar el uso de los escasos recursos estatales. Si así fuera, la historia de la vacuna de Pfizer, que comenzó en 2020 con polémicas políticas por supuestas exigencias del laboratorio, podría culminar en una decisión más sensata, alejándose de la emergencia sanitaria.
