Funcionarios provinciales explican que se trata de líneas crediticias de organismos internacionales que ya cuentan con pre-aprobación de sus directorios, pero que requieren del aval del ministro Caputo para su liberación. Esta demora es interpretada como parte de una política de “asfixia” hacia el gobierno de Kicillof, impulsada por la administración actual, que incluye restricciones en la transferencias federales al estado bonaerense, calculadas en 26,7 billones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Este contratiempo genera una doble frustración: Kicillof debió trabajar durante casi un año en la Legislatura bonaerense para conseguir la aprobación de una ley de endeudamiento. Aunque logró autorización para buscar deuda por hasta US$ 3.050 millones, los ingresos provinciales continúan sin mejorar.
Desde el comienzo del gobierno actual, la relación entre el Presidente y Kicillof ha sido tensa, con posturas opuestas en diversas políticas públicas. Esta confrontación se traduce en disputas sobre los recursos administrados por el poder central.
Las limitaciones impiden una gestión eficiente. Según un análisis realizado por Marcelo Daletto, ex senador y actual director del BAPRO, el gobernador tuvo que recurrir a un “importante endeudamiento” sin la autorización legislativa por $2,4 billones, además de $0,88 billones provenientes de la venta de activos financieros, lo que le permitió cubrir un déficit de $2,06 billones y vencimientos por $1,21 billones en el año anterior.
Desde La Plata, se sostiene que el trato adverso con el Gobierno nacional ha derivado en una “clara discriminación” contra la Provincia. Los funcionarios provinciales enumeran 18 autorizaciones de créditos internacionales que Caputo firmó para proyectos en otras provincias, lo que permitió la incorporación de más de US$ 1.900 millones en financiamiento en los últimos dos años.
Uno de los proyectos ahora paralizados es el de construir una planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales para las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Un litigio por el impacto ambiental ha llevado al juez federal de La Plata, Alberto Recondo, a trabar un embargo de $157.164 millones a la Provincia para garantizar esta obra, que busca mitigar la contaminación del Río de la Plata y otros cuerpos de agua.
El Ministerio de Infraestructura bonaerense afirma que la Provincia ya obtuvo acceso a un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 270 millones para esta obra, pero los fondos aún no han sido liberados por el ministerio de Economía.
“Estos son créditos solicitados para infraestructura específica, como el caso del vertedero cloacal que está judicializado y los fondos están aprobados, pero no logramos el permiso nacional”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Bianco aclaró que estas líneas de crédito ofrecen tasas más favorables y no están destinadas a gastos corrientes, y que la Nación no tiene justificación para negar los avales a las provincias. La Provincia puede acceder a deuda en el mercado local sin autorización, pero el acceso a organismos internacionales requiere obligatoriamente la firma del Gobierno nacional. “La administración de Milei utiliza esto como una herramienta de ahogo financiero contra Buenos Aires”, consideró.
Un mecanismo similar había sido denunciado por Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño, en su relación con el gobierno de los Kirchner.
Un incidente reciente incluye la descalificación de una empresa provincial de las licitaciones para el mantenimiento y mejora de rutas nacionales, por incumplimiento de requisitos técnicos y financieros. Aubasa, la compañía provincial encargada de operar la Ruta 2 y la autopista La Plata-Buenos Aires, fue excluida de una licitación pública a través del Decreto 411/2026, lo que significa una pérdida potencial de más de $170 mil millones en proyectos a dos años.
Las solicitudes de autorización se acumulan en el ministerio de Economía desde fines de 2024.
La Provincia tiene una serie de proyectos paralizados que requieren financiamiento. Entre ellos, se encuentra el tramo V de la ampliación del Río Salado, con un préstamo aprobado de US$ 135,7 millones que no puede ejecutarse; un plan de “intervenciones hidráulicas” en el norte del Gran Buenos Aires por US$ 180 millones; una nueva planta potabilizadora en el Gran La Plata por US$ 148,7 millones; y obras para el saneamiento del Río Luján por US$ 313 millones, todos ellos aprobados por la CAF.
Además, hay un crédito gestionado con un Fondo Kuwaití por US$ 62 millones para el acueducto del Parque San Martín en La Plata, lo que suma más de US$ 1.000 millones en proyectos que el gobierno de Kicillof considera “indispensables” para enfrentar déficits de infraestructura, en un año electoral con proyecciones nacionales.
