En el fallo, la Cámara recordó que en junio el juez federal Sebastián Ramos procesó a Grabois y a Valentín Peralta, al considerarlos autores penalmente responsables de los delitos previstos en los artículos 150 y 239 del Código Penal. Además, dispuso un embargo sobre los bienes de Grabois por $5 millones y sobre los de Valentín Peralta por $1 millón. Así quedó cerca de ir a un juicio oral aunque seguro apelará a la Cámara Federal de Casación Penal, como había haciendo en cada paso judicial.
En particular, los jueces señalaron que “los letrados de Grabois hicieron especial énfasis en que el temperamento adoptado sustituyó la responsabilidad por el hecho por una atribución derivada de la condición pública y política de su asistido”.
Por su parte, agregaron, “la defensa de Peralta mantuvo como planteo subsidiario la declaración de incompetencia del fuero federal para seguir interviniendo, toda vez que se trataría de delito”.
No se discute en la causa que Grabois haya ingresado al inmueble ubicado en Austria 2593/2601, de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionó el Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas hasta su cierre, dispuesto por el Decreto 346/25.
Sobre este punto, los jueces destacaron que fue el propio imputado quien “difundió una convocatoria a través de las redes sociales X e Instagram el día 6 de junio de 2025”, en la que invitaba a concurrir al inmueble al día siguiente, desde las 9, bajo la consigna “café con Perón”.
La convocatoria se realizó mediante un flyer que consignaba “defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar ‘Un'”, lo que, según la Cámara, daba cuenta de que Grabois tenía previsto participar activamente de la actividad que se desarrollaría en el lugar.
Del análisis de los testimonios de los efectivos policiales y de las grabaciones incorporadas al expediente, los jueces concluyeron que “es posible constatar la intervención de Grabois en los hechos objeto de pesquisa y el rol que tuvo en ellos”.
Según la resolución, los testimonios y registros audiovisuales “todos lo colocan en el lugar y resultan contestes en posicionarlo a la cabeza del grupo que ingresó indebidamente a un inmueble del Estado”. También señalaron que ese grupo provocó daños, lastimó policías y permaneció allí pese a las órdenes impartidas por funcionarios públicos.
La Cámara resaltó además “la decisión de incumplir la orden de abandono del lugar”, que, según los jueces, fue comunicada por el propio Grabois. Frente a las demandas policiales para que desalojaran el edificio, el dirigente se dirigió a los manifestantes y les pidió que subieran al patio mientras él permanecería en el lugar.
Grabois habría justificado su permanencia invocando su condición de abogado. Sin embargo, la Cámara fue contundente: “dicha condición de abogado y funcionario público, a diferencia de lo alegado, no lo exime del cumplimiento de una orden legítima emanada por una autoridad competente”.
“Desde un plano deóntico, Grabois debió ser el principal interesado en que se acataran las disposiciones de una agencia estatal”, subrayaron los jueces de la Sala I al confirmar el procesamiento del diputado de Unión por la Patria.
En junio, el juez Ramos había procesado a Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad por la toma del Instituto Perón. También le había impuesto un embargo de $5 millones. Se trata del primer procesamiento del dirigente por una de las tomas de inmuebles que protagonizó o en las que fue denunciado.
Grabois también tiene otras causas vinculadas con ocupaciones de inmuebles. Entre ellas figura la investigación por la toma de un campo perteneciente a la familia Etchevehere, en Entre Ríos. En el expediente por el Instituto Perón, la denuncia contra el dirigente fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Ramos también había procesado al militante Valentín Peralta, señalado como otro de los protagonistas de la toma del Instituto Perón, que terminó con policías heridos y daños en las instalaciones. La ocupación ocurrió pocos días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El juez había sostenido que, sobre la base de testimonios, fotografías y videos incorporados al expediente, “ha quedado suficientemente acreditado que tanto Grabois como Peralta, el 7/6/25, ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas”.
El inmueble se encontraba cerrado y, según la resolución de Ramos, su titularidad correspondía al Ministerio de Capital Humano. La investigación también reconstruyó los enfrentamientos que se produjeron cuando efectivos policiales intentaron desalojar a los manifestantes.
En el caso de Peralta, el juez sostuvo que “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar”, entre otros episodios registrados durante el operativo.
El Hospital Churruca remitió las historias clínicas de varios de los policías heridos. El comisario De Cristóbal presentó un traumatismo encéfalo-craneano, con una escoriación sin sangrado activo en la región parietal derecha.
El comisario mayor Marcelo Claudio Galarza, en tanto, sufrió traumatismos superficiales múltiples en el tórax de tipo agudo. El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna presentó una leve inflamación, con flexoextensión digital conservada e indolora.
Por su parte, el comisario inspector Amado Rubén Martínez sufrió un edema en el labio superior y una herida mucosa secundaria a un traumatismo con incisivos, aunque sin laceraciones, según las constancias médicas incorporadas a la investigación.
Ramos también le había atribuido a Grabois haber permanecido dentro del Instituto “durante el lapso de, al menos, dos horas e incitar a la permanencia ilegítima y a la agresión al personal policial destacado en el lugar”.
Según la acusación, durante ese episodio los efectivos fueron atacados con objetos que les provocaron lesiones físicas. En el caso de Peralta, además, se le reprochó haber golpeado a policías cuando intentaban desalojar a los manifestantes del establecimiento.
Con la resolución de este jueves, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Grabois y mantuvo el embargo de $5 millones. La decisión lleva las firmas de Llorens, Bertuzzi y Yadarola y ratifica, en esta instancia, la imputación por los hechos ocurridos en el Instituto Perón.
