La controversia se intensificó durante la audiencia pública convocada para debatir sobre los pliegos que regirán en el período 2028-2038. En ese marco, la gestión de Jorge Macri expuso los lineamientos de un esquema que pretende cambiar la dinámica actual: las empresas no solo serían remuneradas por cumplir con los servicios contratados, sino que también dependerían de indicadores de desempeño y de las evaluaciones realizadas por los vecinos sobre la limpieza en sus áreas.
Sin embargo, esta discusión técnica, que se extenderá durante la semana con la participación de cerca de 1500 inscriptos, se ve complicado por un conflicto laboral de alta tensión. El Sindicato de Camioneros exige que los nuevos contratos mantengan el actual mecanismo de indemnizaciones al finalizar las concesiones, el cual permite a los trabajadores recibir compensación incluso si conservan sus empleos con las nuevas empresas. El proyecto gubernamental, en cambio, no contempla la reproducción de esta cláusula, lo que ha llevado a Moyano y a la dirección gremial a convocar movilizaciones en la Legislatura y a realizar asambleas en las empresas del sector. El sindicato alega que más de 7000 empleados estarían afectados por esta modificación y busca asegurarse de que la compensación sea incluida antes de la aprobación de los pliegos definitivos.
La intención es reemplazar los contratos adjudicados en 2013, que comenzaron a regir a partir de octubre de 2014 y fueron prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2028. El nuevo esquema prevé una duración de diez años y, según lo presentado por la Secretaría de Higiene, reorganizará la Ciudad en ocho zonas de prestación, en lugar de las siete actuales. Actualmente, seis de esas zonas están concesionadas a empresas privadas, mientras que la Zona 5, que abarca Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, está bajo la administración del Ente de Higiene Urbana.
Uno de los cambios más significativos será el sistema de remuneración. La Ciudad planea dividir la compensación a las empresas en un componente fijo y uno variable, que estará sujeto a la calidad del servicio. Para determinar este último, se combinarán indicadores técnicos de cumplimiento con encuestas a los vecinos y las quejas de limpieza registradas en cada barrio. Este incentivo económico directo permitirá que, si una compañía no cumple con los estándares establecidos, su remuneración será menor. Las adjudicatarias también deberán presentar propuestas para mejorar la limpieza de sus áreas y ofrecer soluciones a problemas específicos que surjan durante la vigencia del contrato.
El sistema de control también se modernizará significativamente. Se prevé la implementación de seguimiento satelital de los camiones, sensores para medir el nivel de llenado de los contenedores y el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes. Estas herramientas facilitarán la supervisión de rutas y frecuencias, la detección de incumplimientos horarios y la identificación de puntos críticos de acumulación de residuos, permitiendo el envío inmediato de cuadrillas de limpieza.
Adicionalmente, el mantenimiento de contenedores y cestos se centralizará, con el objetivo de reducir las demoras y estandarizar las condiciones en toda la Ciudad. La planificación de los recorridos también se ajustará a la cantidad de residuos y a las características particulares de cada barrio, mientras que el barrido manual y mecánico considerará variables como el flujo de personas y factores estacionales, entre otros. Todas estas tareas estarán bajo un seguimiento por GPS.
El anteproyecto también contempla la recolección diferenciada de materiales reciclables puerta a puerta, incluyendo la participación de recuperadores urbanos y cooperativas, así como un circuito específico para residuos orgánicos que comenzará con grandes generadores y ciertas áreas. A largo plazo, se prevén estudios para evaluar la viabilidad de una planta para el tratamiento y valorización de residuos, aunque cualquier decisión dependerá de los análisis técnicos y ambientales.
Actualmente, la audiencia pública actúa como un espacio consultivo y las opiniones vertidas no son necesariamente vinculantes. No obstante, desde el Gobierno indican que las observaciones podrían ser incorporadas antes de la definición de las condiciones finales y la licitación formal.
El punto más crítico del debate no reside, sin embargo, en la tecnología ni en el nuevo modelo de pagos. Los Camioneros demandan que el próximo contrato mantenga las denominadas “Indemnizaciones Finales”, que están estipuladas en los pliegos actuales. En el marco de este mecanismo, al finalizar una concesión, la empresa calcula la indemnización de sus trabajadores, que es auditada y financiada por la Ciudad para su pago, permitiendo así que los empleados continúen trabajando bajo el nuevo esquema.
Este procedimiento es conocido en el sector como “Ley Moyano”, aunque no se trata de una norma formal. Es una práctica que se instauró a fines de los años 90 y que entrelaza indemnización con continuidad laboral. Tuvo un antecedente importante en 1998, al finalizar el contrato de Manliba, y se volvió a aplicar en 2012, cuando se aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores por un cambio de concesionarias.
Desde la conducción de Camioneros sostienen que este mecanismo es un “derecho adquirido”. Moyano ha prometido una “lucha durísima” y busca que más de 20.000 personas se movilicen en torno a la discusión legislativa. “Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando”, manifestó ante sus afiliados.
Por el momento, el sindicato no ha convocado a un paro en el servicio de recolección. La estrategia actual incluye un estado de alerta, asambleas y movilizaciones dirigidas a presionar tanto al Gobierno como a los legisladores. Versiones que circulaban sobre una posible paralización del servicio con motivo de la próxima visita de una autoridad religiosa han sido desmentidas por el propio sindicato.
El debate está destinado a acompañar todo el proceso licitatorio. Para el Gobierno, el desafío consiste en avanzar hacia un servicio con mayor control sobre las empresas, más tecnología y un sistema de pagos basado en resultados. Para el Sindicato de Camioneros, la lucha se centra en evitar que esta transformación implique la pérdida de un mecanismo económico que consideran una conquista histórica.
