El operativo contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que lo confirmó en sus redes sociales. “Acompañamos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en los trabajos de exhumación que realizó en el cementerio de Villa Gesell. El objetivo es determinar si las personas allí enterradas como NN fueron víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar”, informó el organismo provincial.
De acuerdo con testimonios reunidos por la Justicia Federal de Dolores, en el cementerio municipal de Villa Gesell podría haber al menos 18 cuerpos de víctimas de la última dictadura. La intervención de este jueves forma parte de la causa judicial 8190/11, que tramita en el Juzgado Federal de Dolores y busca determinar la identidad y el destino de las personas cuyos restos aparecieron en la costa atlántica bonaerense después de los “vuelos de la muerte”.
Uno de los principales antecedentes de esa estimación es la declaración de Marcela González, vecina de Villa Gesell e hija de una ex empleada municipal. Ante el juez federal Martín Bava, contó: “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ’80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”. Luego agregó: “Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (en referencia a Juan Carlos Dorrego, encargado del cementerio) y él le dice que son personas que han llevado de noche”.
En su relato, González dijo que Dorrego identificó a un policía local como responsable de esos traslados nocturnos y señaló que en una de las tumbas habían sido enterradas dos personas. Por ese motivo, la cantidad de cuerpos podría llegar a 19. También declaró que participó en un careo judicial con el policía, quien confirmó que había intervenido en los traslados. En marzo pasado, González ofreció una conferencia de prensa en la ciudad balnearia junto a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Tuyú Sur. Explicó que su madre regresaba con mucho miedo de los relevamientos y que ella respetó su decisión de no hablar sobre el asunto. Después de su muerte, sin embargo, consideró que debía contribuir a esclarecerlo. “Es una cuestión de empatía, de que alguien pueda saber dónde están sus familiares desaparecidos”, afirmó.
Otro testimonio central de la causa es el de Ernesto Manzo, quien en diciembre de 1978 formaba parte del cuerpo de bomberos de Villa Gesell. Manzo, ya fallecido, declaró en varias oportunidades ante la Justicia de Dolores sobre el hallazgo de seis cadáveres cerca del muelle, con mutilaciones y señales de deterioro por el mar. En su declaración recordó: “Recuerdo seis cadáveres, pero no se podían identificar. La mayoría tenía las manos cortadas o le faltaba la cabeza. Además, estaban deteriorados por la acción del mar y de los peces. Fue algo horrible. Nos pidieron que los dejásemos en un pasillo de la Comisaría. Los apilaron ahí y después no supimos nada más”.
El ex bombero reconoció que entonces no comprendió el significado de aquellos cuerpos: “En ese entonces yo era un pibe de 22 años y en Gesell estábamos medio aislados de lo que venía pasando. No tomé conciencia en el momento de lo que esos cuerpos significaban. Pero después nos enterábamos de que en el Partido de La Costa se habían encontrado varios porque teníamos contactos con los bomberos de la zona”. Y concluyó: “Como bombero tenés que actuar en muchas circunstancias diferentes, pero lo que nunca me habían enseñado era a ir a recoger cadáveres de desaparecidos a la orilla del mar”.
A partir de esos testimonios, los abogados querellantes Pablo Llonto y Gloria León pidieron que se protegiera el predio. La Fiscalía confirmó entonces que existía un decreto municipal de limpieza que permitía exhumar sepulturas en tierra y nichos vencidos por falta de regularización. Esa disposición ponía en riesgo la conservación de pruebas sobre los enterramientos NN de posibles víctimas de los vuelos de la muerte.
Ante esa situación, el juez Bava resolvió que era “razonable, útil, pertinente, necesario y proporcional” dictar una medida de no innovar en la sección L del cementerio municipal y en cualquier otra sepultura ingresada entre 1976 y 1983. También pidió los libros históricos del predio, ordenó relevar todas las tumbas NN y solicitó información sobre cada cambio efectuado en el cementerio desde su creación. La resolución, dictada en marzo pasado, permitió que meses después ingresara el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Hasta ahora, solo se identificó a una persona desaparecida entre las fosas NN del cementerio local: Santiago Bernardo Villanueva, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Villanueva estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajaba como operador en el Centro de Cómputos del Banco Ganadero. El 25 de julio de 1978 fue secuestrado en su casa del barrio porteño de Floresta junto a su pareja, Norma Leto. Tenía 31 años y era padre de dos hijos. Después de su desaparición, fue visto con vida en los centros clandestinos de detención El Banco y El Olimpo. Sus restos aparecieron en la costa de Villa Gesell el 16 de diciembre de 1978 y fueron enterrados como “Saladito NN”, nombre utilizado para identificar cuerpos arrastrados por el mar.
El EAAF logró identificarlo en 2005 mediante una comparación de ADN con una muestra de su hermano, Ernesto Villanueva. Al año siguiente, sus restos fueron entregados a la familia, que decidió trasladarlos al cementerio porteño de Chacarita.
Las muestras genéticas que el equipo obtenga de los restos exhumados se cotejarán principalmente con las bases del Banco Nacional de Datos Genéticos, que administra el Archivo Nacional de Datos Genéticos (ANDG). Este banco de muestras biológicas es gestionado específicamente por el EAAF, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Salud y, desde 2012, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID) reúne muestras de sangre de familiares de víctimas de desaparición forzada ocurrida entre 1974 y 1983.
La investigación sobre el cementerio municipal de Villa Gesell se integra en una trama judicial más extensa. A partir del 4 de diciembre, esa causa tendrá su primer juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
Será juzgado el ex juez federal Carlos Augusto Facio, quien estuvo al frente del Juzgado Penal N° 2 de Dolores entre 1976 y 1984. Está acusado de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También serán juzgados el ex médico policial Miguel Cabral, el ex funcionario de Catastro de General Lavalle Juan Domingo Montenegro y seis ex integrantes de la Policía Bonaerense: Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Mario Castronuovo, Francisco Enrique Aristegui y Edgardo Emilio Luchetti.
Según la resolución judicial, los acusados realizaron instrucciones sumariales precarias en comisarías de la zona para impedir que los cuerpos fueran identificados o investigados como crímenes de lesa humanidad.
La causa investiga la aparición de 23 cuerpos en las costas de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa entre 1977 y 1978. Fue iniciada en 2011 por el entonces juez federal Alejo Ramos Padilla y luego instruida por Bava, quien la elevó a juicio tras procesar a los diez imputados en 2022. De acuerdo con el querellante Pablo Llonto, fueron convocados 84 testigos, entre ellos numerosos guardavidas y bomberos de la zona. Entre las pruebas del expediente está el libro Villa Gesell militante, 30 años de historia, elaborado por estudiantes secundarios de la ciudad en el marco del programa “Jóvenes y Memoria” de la Comisión Provincial por la Memoria. La publicación reunió testimonios de militantes y vecinos sobre los hallazgos de diciembre de 1978.
Uno de los episodios principales de la investigación ocurrió en diciembre de 1978. Después de leer que habían aparecido cuerpos en la costa, Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavelló de Mascías viajaron a Dolores. Las tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo buscaban a sus hijos desaparecidos y solicitaron ver los restos para intentar reconocerlos. El entonces juez Facio las recibió, pero no les permitió acceder a los cadáveres, que finalmente fueron enterrados como NN sin que se realizaran diligencias para identificarlos.
Cortiñas, quien murió el 30 de mayo de 2024 a los 94 años, nunca pudo saber si el cuerpo de su hijo Gustavo estaba entre los hallados en aquella ocasión. Su testimonio en video será presentado como prueba en el juicio.
Felipe Olivera Moreno, guardavidas de General Madariaga, es otro testigo relevante para reconstruir los “vuelos de la muerte”. En diciembre de 1978 presenció uno de esos episodios. Mientras trabajaba en la costa de Ostende junto a su colega Héctor Sciutti, vio entre seis y siete cadáveres flotando en el mar. En su declaración describió que varios hombres vestidos de civil llegaron, le ordenaron alejarse y retiraron los cuerpos envueltos en lonas de carpas de balnearios.
Olivera Moreno también contó que en esa época fue perseguido por su afiliación al Partido Comunista y que grupos de tareas lo presentaron ante los vecinos como “un guerrillero”. Su testimonio fue importante para reconstruir el circuito de ocultamiento de cuerpos, que luego fueron enterrados como NN en los cementerios de General Madariaga, Villa Gesell y General Lavalle. Entre ellos estaban los restos de Helios Hermógenes Serra Silvera y Jesús Pedro Peña, víctimas del vuelo que vació el centro clandestino El Olimpo el 6 de diciembre de 1978.
El caso de Villa Gesell forma parte de un patrón más extenso de aparición de cadáveres en el litoral atlántico. Un relevamiento de las investigadoras Natalia Federman y Ximena Tordini, publicado en el sitio vuelosdelamuerte.org, registró al menos 76 cuerpos hallados en las costas bonaerenses y uruguayas entre abril de 1976 y abril de 1979. Con el paso de los años, 43 fueron identificados, entre ellos Villanueva.
Entre las personas identificadas están la monja francesa Léonie Duquet y la militante Ángela Auad, secuestradas en diciembre de 1977 y trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Por esos hechos fueron condenados los pilotos de Prefectura que dirigieron el avión Skyvan PA-51, localizado en Estados Unidos por la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo Giancarlo Ceraudo.
La Justicia Federal estableció que el aeródromo del Batallón 601, situado en Campo de Mayo, fue uno de los principales puntos de partida de los vuelos de la muerte en la región metropolitana de Buenos Aires, junto con el Aeroparque Jorge Newbery y la Base Aérea de El Palomar. La práctica se extendió al menos entre 1976 y 1978. Entre las víctimas había personas que provenían del centro clandestino de detención “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición de Campo de Mayo, además de otros centros clandestinos.
Numerosos ex conscriptos que cumplieron el servicio militar obligatorio en esa unidad declararon en juicios orales que, durante la noche, ingresaban camiones y camionetas con personas secuestradas. Los vehículos las llevaban directamente hasta la cabecera de la pista, donde aguardaban aviones con los motores encendidos. Según esos testimonios, se utilizaron aeronaves Twin Otter, Fiat G222, apodado “Herculito” por su parecido con el Hércules C-130, y helicópteros Bell.
El 4 de julio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín dictó condenas a prisión perpetua. El tribunal determinó que cuatro víctimas, Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace, fueron torturadas y luego arrojadas con vida al Río de la Plata o al mar desde aviones que despegaron de esa base. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y rechazó los recursos de las defensas de los condenados que siguen vivos.
En su voto, el camarista Alejandro Slokar sostuvo que “los cuerpos hallados en las costas resultan ser los que interpelan, los que rompen el pacto de silencio, los que convierten la sospecha en certeza y el horror en evidencia incontrastable de las prácticas genocidas de los ‘vuelos de la muerte’ llevados adelante por la última dictadura”. En el mismo sentido se pronunció la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly, quien impulsó condenas tanto en la causa ESMA como en el expediente de Campo de Mayo: “Los denominados ‘vuelos de la muerte’, implementados como una práctica sistemática y generalizada de exterminio, han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas, y sus sentencias han sido confirmadas por instancias superiores. En ese contexto, los intentos de negacionismo carecen de sustento frente al avance consolidado de estos procesos”.
Las exhumaciones de las últimas horas en el cementerio municipal de Villa Gesell quedan ahora a la espera de los análisis genéticos que el EAAF deberá realizar para establecer si los restos recuperados pertenecen a nuevas víctimas de la represión estatal. Ese trabajo se desarrollará en paralelo al juicio oral que procurará determinar quiénes fueron responsables de encubrir esos hallazgos durante más de cuatro décadas.










