Rojas Roca había sido destituida de su puesto como jefa de la Aduana del aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, después de que un informe revelara que había estado encarcelada en Brasil y fue deportada el 21 de enero de 2021 por haber sido condenada por violación de la ley brasileña 6.368, que se refiere al tráfico de estupefacientes. La mujer fue expulsada desde el aeropuerto de Río de Janeiro. Pese a este antecedente, el 28 de abril, Soto la designó nuevamente al frente de la Aduana del principal aeropuerto de Bolivia, lo que generó un enorme escándalo debido a que no era el único elemento de sospecha vinculado a ilícitos en esa terminal aérea. Un hecho relevante ocurrió un mes antes, el 23 de julio, cuando se detuvo a un joven llamado Adrian Lema Roca, quien tenía cuatro valijas con 189 kilos de oro valuados en 25 millones de dólares. Según Nadia Beller, Lema Roca está relacionado con Catalina, hija del presidente, y también tiene vínculos y fotografías con Cerimedo. No es de extrañar que Beller acusara a Cerimedo de estar involucrado en el tráfico de oro.
Cabe mencionar que el gobierno de Rodrigo Paz destituyó a Soto de la Aduana el 18 de agosto, al día siguiente del ataque contra Beller. Esto despierta interrogantes sobre si el presidente estaba al tanto de la implicación de Soto y Rojas Roca en el intento de femicidio.
La acusación en la orden de aprehensión firmada por la fiscal Yolanda Aguilera señala de manera expresa la imputación a Rojas Roca por su participación en la tentativa de asesinato. Según informes de DTV de Bolivia, el expediente de la fiscalía indica que “habría mantenido reuniones, coordinaciones y realizado transferencias de dinero a los presuntos sicarios implicados en la planificación y ejecución del ataque contra Nadia Beller”. La investigación de la fiscalía y la policía boliviana ha revelado la sorprendente precariedad del plan de asesinato. Todo comenzó con una moto que los sicarios dejaron frente al SwissHotel. Resulta que los atacantes se vieron obligados a robar otra moto porque la que usaron originalmente no arrancó. Para sorpresa de los investigadores, la moto abandonada cerca del hotel resultó no ser robada, sino prestada. El propietario, Edson Vega Justiniano, conocido como El Fiti, afirmó que un colombiano le pidió la moto “porque tengo un negocio grande”. Además, tanto el dueño como el colombiano, Aldúbar Henry Silva Peña, conocido como Juancho, transformaron el vehículo: subieron la moto a una camioneta, la llevaron a un taller y la pintaron de rojo, modificando su color original que era blanco. Cuando los agentes intentaron detener a Silva Peña, se encontraba prófugo, pero sí pudieron localizar a su esposa, Paola Vargas Arizpe. Ella le manifestó a los policías que no tenía injerencia en los actos de su esposo, afirmando que un vecino, Roger Aguilera, le había prestado un arma. La justicia boliviana considera que los sicarios son Silva Peña y Widen Justiniano Sotelo, también colombiano, y ambos se encuentran en paradero desconocido. La esposa de Juancho y Roger, quien prestó el arma, están bajo arresto.
A pesar de los avances en la investigación, la fiscalía no ha respondido a las consultas sobre cómo se logró vincular a Rojas Roca con los sicarios que ahora buscan arrestar. Es posible que alguna información provista por Beller haya contribuido a establecer la conexión entre Cerimedo, el jefe de Rojas Roca, y el caso.
Desde la cárcel, la defensa de Cerimedo ha esgrimido una estrategia poco convincente respecto a las pruebas presentadas y ha intentado politizar la situación: “Esta acusación en mi contra forma parte de un golpe de estado”, sostuvo. Cuando le preguntaron a su abogada, Margarita Arce, sobre la hipótesis de su defendido respecto al ataque, la letrada contestó: “Él no sabe nada, no sabe quién atacó a Beller”. La defensa intenta sostener que el intento de femicidio fue una maniobra para implicar al presidente Rodrigo Paz o una estrategia para desplazar a Cerimedo de su rol como asesor presidencial. Algunos sugieren que Cerimedo exhibía un notable poder e ingresos provenientes de la familia presidencial, mediante negocios de combustible, oro y pistas de aterrizaje, lo que enmarca toda esta situación dentro de la interna del gobierno.
Respecto al ataque, Cerimedo ha ofrecido una justificación insólita: “Fue una cuestión personal que se me escapó de las manos”. Recientemente, agregó que “Nadia no era una esposa, era una aventura, una amante”, intentando alinearse con la hipótesis de la fiscalía que sostiene que el intento de femicidio surgió porque “Cerimedo no quería asumir la paternidad, debido al embarazo de Beller”. En el caso que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, el móvil de la acusación parece estar centrado en esta línea argumentativa.
Un aspecto distinto corresponde al expediente abierto en La Paz, que se refiere al enriquecimiento ilícito. En el marco de la acusación del fiscal Carlos Torrez se presenta una trama marcada por vínculos directos con el poder, incluyendo al presidente, su esposa y su hija, además de negocios turbios. A Cerimedo le fueron hallados el equivalente a 100.000 dólares en efectivo y comprobantes de transferencias al exterior que alcanzan otros 400.000 dólares. Ante estas evidencias, las explicaciones ofrecidas por Cerimedo han resultando poco creíbles. En una declaración que le realizaron en la cárcel, afirmó que su ingreso mensual era de un millón de dólares (lo que se le preguntó en dos ocasiones) y luego cambió su relato, indicando que, en realidad, era un millón de dólares al año. Su abogada, por su parte, sostiene que Cerimedo habría traído 200.000 dólares desde Argentina y que se mantiene viviendo de esa suma. Todo esto se presenta como un cúmulo de afirmaciones que carecen de credibilidad.
En contraposición, Cerimedo ha generado un perfil que se asemeja al de un mitómano alineado a las ideologías de la derecha, vinculado a figuras como Donald Trump y su corriente, y especializado en la difusión de falsedades a través de millones de mensajes. Ha sido creador, junto a otros, de alarmantes discursos como el temor al comunismo, supuestas conspiraciones de Satanás, la culpa a la “casta” y las acusaciones de fraude electoral; narrativas que buscan favorecer a diversos políticos de la derecha regional como Javier Milei, Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, José Antonio Kast en Chile y Abelardo de la Espriella en Colombia. Todo esto pone de manifiesto un panorama complejo y turbulento en el que las acusaciones y las trayectorias de los involucrados se entrelazan, dejando al descubierto los problemas de corrupción y el abuso de poder en la región.
