Antes de avanzar, conviene precisar qué integra el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Su composición no queda a criterio de cada Gobierno: está establecida en la Ley 25.467, sancionada el 29 de agosto de 2001 y todavía vigente. Según esa norma, los 17 Organismos Públicos de Ejecución (OCT) en ciencia son:
1. ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud)
2. APN (Administración de Parques Nacionales)
3. BNDG (Banco Nacional de Datos Genéticos)
4. CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)
5. CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)
6. CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
7. CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa)
8. IAA (Instituto Antártico Argentino)
9. IGN (Instituto Geográfico Nacional)
10. INA (Instituto Nacional del Agua)
11. INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero)
12. INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica)
13. INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
14. INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
15. SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino)
16. SHN (Servicio de Hidrografía Naval)
17. SMN (Servicio Meteorológico Nacional)
A esa estructura se agregan las actividades de investigación de las Universidades Nacionales. Además, según el organigrama actual, más del 40% de los organismos depende del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
En principio, cabría suponer que la función “Ciencia y Tecnología” del Presupuesto está compuesta principalmente por fondos destinados a esos organismos. De ser así, un aumento de la función frente al año anterior debería traducirse en más recursos para sus investigaciones. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 muestra una suba del 13,3% respecto del crédito vigente para 2026, mientras que los organismos más grandes del área, como el CONICET, la CNEA, el INTI y el INTA, afrontarían recortes de entre el 9% y el 18%. La explicación es sencilla: no todo lo que el Gobierno contabiliza en la Función Ciencia y Tecnología está realmente vinculado con el desarrollo científico y tecnológico argentino.
La Ciencia y la Tecnología, escondidas en su propia función
Afirmar que, si se aprueba el Presupuesto 2027, el sector científico y tecnológico contará con más recursos es, sencillamente, engañoso. Una clave para entender el aumento aparente de la función es que cerca del 16% de sus fondos quedaría sin asignar a un organismo específico. Son 412 mil millones de pesos incluidos como Obligaciones a Cargo del Tesoro. Como esa partida reúne fondos para gastos generales sin una finalidad determinada, su manejo admite más discrecionalidad que el de otros recursos. También contribuye al supuesto incremento la inclusión de gastos ajenos a las tareas del sector.
Quienes hayan utilizado TINA, el asistente virtual del Estado nacional argentino, probablemente lo hicieron para realizar un trámite, no para investigar ni desarrollar tecnología con valor agregado. Aun así, durante todo 2026, el mantenimiento y desarrollo de la aplicación se financió con recursos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Otro caso es el del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), separado del área de ciberinteligencia por el Decreto 941/25, cuyos fondos también salen de la partida de Ciencia y Tecnología. Si su función es supervisar políticas de seguridad “destinadas a proteger el ciberespacio”, ¿por qué no depende de un área acorde con esa tarea? La inclusión de estos programas eleva artificialmente una función que no refleja solo el desarrollo científico y tecnológico del país.
En 2027, la distorsión sería todavía mayor. Mientras algunas partidas, como “Tecnologías de la información y las telecomunicaciones”, relacionadas con el acceso a la conectividad, internet, telefonía y digitalización del Estado, crecerían casi un 700%, los fondos efectivamente vinculados con la Ciencia y la Tecnología, incluidos los de los 17 organismos, caerían un 14% frente a 2026. La reducción acumulada respecto de 2023 se acercaría al 90%.
Entre los organismos que terminarían con números negativos frente a 2026 están el CONICET (-9,3%), la CNEA (-17,9%), el INTA (-18,4%) y el INTI (-17,9%). El recorte se suma a tres años consecutivos de deterioro presupuestario: todos acumulan una pérdida de entre el 40% y el 60% de sus capacidades reales respecto de 2023.
Para el CONICET, el proyecto prevé una reducción del 9,1% en la masa salarial, que llevaría la caída acumulada desde 2023 al 39,9%. Así, el poder de compra de quienes trabajan en el organismo quedaría incluso por debajo del promedio de la administración pública nacional. También se proyecta una disminución de las becas y, en menor medida, de los cargos de la Carrera de Investigador Científico (CIC) y del Personal de Apoyo (CPA). El panorama se agrava si se considera que en julio 375 becarios y becarias posdoctorales perdieron su trabajo y que más de 1000 profesionales siguen esperando que se hagan efectivos cargos concursados y ganados hace años.
La Agencia I+D+i presenta una situación excepcional, y alarmante. Aunque su partida subiría un 12,5% frente al año anterior, es la institución del sector que más capacidad perdió desde diciembre de 2023: su presupuesto real se redujo un 76,1%. La Agencia fue el principal organismo encargado de administrar fondos para proyectos de todo el sistema científico y de una parte del sector PyME. Su instrumento emblemático, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), no se convoca desde 2023. Quedaron sin respuesta las convocatorias de 2022, que fueron evaluadas y adjudicadas, y las de 2023. Los subsidios de Apoyo a la Investigación Científica (AIC) tampoco se ejecutaron, pese a que había fondos internacionales disponibles. Mientras tanto, los menos de 400 becarios y becarias que permanecen en la institución, frente a los más de 1200 que llegó a tener, acumulan 32 meses con salarios congelados y por debajo de la línea de pobreza.
La meta del 1% del PBI, cada vez más distante
Después de movilizaciones masivas y una lucha sostenida, las universidades nacionales consiguieron que el Congreso aprobara cinco veces una ley que establece un presupuesto mínimo para garantizar sus funciones básicas. El Gobierno se resiste a cumplirla y volvería a desconocerla si se aprueba el Presupuesto 2027: frente a los más de 11 billones de pesos que el CIN calculó en su anteproyecto para cubrir lo establecido por la norma, el Gobierno propuso una cifra cercana a la mitad.
Algo parecido ocurrió con el sector científico durante los primeros años del Gobierno actual. La Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en 2021 sin votos en contra por buena parte de los mismos bloques que integran hoy el Congreso, establecía un aumento gradual de la función de Ciencia y Tecnología para llegar al 1% del PBI en 2032. Esa meta está cada vez más lejos. Durante los primeros años de Milei, la ley se incumplió deliberadamente: la partida no solo dejó de crecer, sino que se redujo de manera considerable.
Consultado entonces sobre las razones del incumplimiento, el jefe de Gabinete Nicolás Posse sostuvo que no acataban la norma porque “no tiene consecuencias”. Se refería a las consecuencias legales; para el sector, los efectos ya eran palpables. Además, con el Presupuesto 2026 se derogaron los artículos de la Ley 27.614 que garantizaban el crecimiento de los fondos para el área. Desde entonces, desfinanciar la Ciencia y la Tecnología en Argentina dejó de ser ilegal.
Incluso con las partidas infladas por los mecanismos mencionados, el Presupuesto 2027 ampliaría la distancia respecto de lo que la Ley 27.614 fijaba para ese año. La función debería representar el 0,59% del PBI, pero, si se aprueba el proyecto, sería apenas del 0,18%. La brecha alcanzaría los 0,41 puntos, por encima de los 0,38 puntos del año anterior.
Las Malvinas son argentinas. Nuestra Ciencia y Tecnología, también
Es válido preguntarse para qué queremos la soberanía científico-tecnológica. Una forma de acercarse a una respuesta es plantear otra pregunta: ¿a qué países queremos parecernos? No para dejar de ser quienes somos: Argentina es un país maravilloso y único. Si no existiera, habría que inventarlo. La pregunta se refiere a objetivos concretos, como la educación, la salud, el bienestar económico y muchos otros. Al pensar en ellos, probablemente vengan a la mente países que invierten mucho más que el nuestro en Ciencia y Tecnología. No es casual: un sector científico y tecnológico consolidado contribuye a generar las condiciones que hacen posibles muchos de sus logros.
En Argentina, esos aportes van desde la fabricación de vacunas y la biotecnología agrícola hasta la autonomía digital y la elaboración de políticas eficaces basadas en las Ciencias Sociales y las Humanidades. Entre sus resultados están la reducción de los embarazos adolescentes, la restitución de cuerpos de personas desaparecidas y el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.
El país cuenta con menos de tres profesionales de Ciencia y Tecnología por cada 1000 habitantes de su población económicamente activa. Finlandia tiene 17 y, en promedio, los países de la Unión Europea rozan los 10. A la vez, desde el inicio del actual Gobierno, Argentina dejó sin empleo a casi ocho científicos y científicas por día. Hoy, casi todos los organismos tienen menos personal que la dotación que el propio Gobierno de Macri había considerado óptima mediante el Decreto 434/2016. No hace falta reducir el plantel científico: hace falta multiplicarlo, varias veces.
Se necesitan más recursos y una política presupuestaria articulada con un proyecto de desarrollo nacional, productivo y con valor agregado. Llama la atención el aumento previsto para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE): ¿servirá para fabricar más satélites y afianzar la soberanía geoestacionaria, o para mejorar su precio de venta al primer postor? Los fondos para el Reactor Argentino Multipropósito RA-10, ¿permitirán cubrir el autoabastecimiento de radioisótopos o asegurarán el suministro a las potencias mundiales antes que al propio país? Y las inversiones en Inteligencia Artificial, ¿mejorarán la vida de la población o convertirán a Argentina en un laboratorio experimental para la extracción de datos?
Frente a los posibles desenlaces negativos que sugieren esas preguntas, respondemos con una certeza que nos dejó un artista irrepetible: en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. A cada partida, una alternativa; a cada proyecto de renuncia, una propuesta superadora; a cada necesidad, un derecho. No es una consigna, sino una promesa: seguiremos acá y seguiremos resistiendo. Esto también pasará y, cuando ocurra, lo que hagamos hoy será el punto de partida para refundar nuestra Ciencia y Tecnología, nuestra soberanía y ese maravilloso suelo bicontinental desde el que se escribieron estas palabras.
Por ahora, como diría una gran científica argentina, nos toca dejar el pesimismo para épocas mejores.
La autora es diputada nacional por Unión por la Patria, física argentina, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
