La Malvinas gozan del esquema unilateral de venta de licencias a buques extranjeros que le armaron los británicos en los años noventa -la economía tras la guerra de 1982- alrededor de las 200 millas alrededor del archipiélago. Esto es por ahora el principal ingreso fiscal de las islas. Aunque ahora planean también explotar petróleo a partir de 2028, y convertir a las Malvinas en las próxima “Dubai”.
De acuerdo a las cifras publicadas por la revista Pesca y Puerto, las islas tenían 201 licencias en 2025, cuando declararon 204.040 toneladas capturadas y recaudaron 47,7 millones de dólares a través de lo que para Argentina son “ilegítimos” derechos de pesca.
En lo que hace a las amenazas de Milei a la pesca de Malvinas hay que decir que la herramienta juridica ya existía con la Ley Federal de Pesca 26.386, sancionada en 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esta permite impedir que empresas vinculadas con la pesca sin autorización —por lo que se interpreta tambien la que se realiza bajo licencias británicas en las islas en disputa— accedan a cuotas o permisos de pesca argentinos.
Clarín conversó con varios referentes de la industria pesquera y con exfuncionarios del kirchnerismo que no quisieron dar su nombre. Contaron que esas bases jurídicas a las que apela ahora Milei tuvieron una reglamentación posterior para instrumentar las declaraciones juradas exigidas por el artículo 27 bis de la ley de pesca, que se estableció para regular el acceso a cuotas y permisos de pesca y prohibir vínculos con operadores que pescaran sin autorización argentina.
Ese artículo no menciona a las Malvinas, pero el Estado argentino lo utilizó como instrumento contra empresas que pescaban allí con licencias otorgadas por el gobierno pro británico de las islas. Por la cantidad de embarcaciones que operan con el continente o con el archipiélago, afecta sobre todo a españoles y asiáticos.
La Ley Bases de Milei sancionada en 2024 buscó sustituir el artículo 27 bis por un texto completamente diferente, referido a autorizaciones para especies no cuotificadas. Milei quiso sacar el 27 bis, no pudo por la resistencia del sector pesquero y ahora vuelve a apoyarse en esa norma para endurecer el frente Malvinas, contaron legisladores en el Congreso.
La paradoja es que aquella herramienta nunca llegó a aplicarse de manera plena. O no tuvo resultados por distintas estrategias de las empresas que se separaron para no entrar en contradicciones.
Ahora, mientras el Gobierno prepara un nuevo régimen de sanciones para las actividades económicas relacionadas con Malvinas y busca llevarlo al Congreso, se preguntaron empresarios del sector consultados: ¿por qué crear nuevas herramientas si durante años el Estado tuvo una norma que podía utilizar y no llegó a aplicarla hasta sus últimas consecuencias?
Hay otra dificultad, dicen: las empresas pesqueras operan a través de estructuras internacionales, con sociedades, accionistas, filiales, armadores y buques radicados en distintos países. Globalizados. Una sanción aplicada sobre una empresa argentina puede, por lo tanto, alcanzar indirectamente a grupos empresarios extranjeros que hacen negocios con ella.
Y hay otro tema peor, señalaron otras fuentes a la revista Pesca y Puerto. Para el sector pesquero, el problema no está solamente en que una compañía tenga una oficina o un buque en las islas. El mayor riesgo -dicen- aparece cuando existe una estructura empresarial común, una participación accionaria, sociedades relacionadas, prestación de servicios o algún otro tipo de beneficio económico que pueda ser interpretado como una relación indirecta.
Por eso, para conocer el alcance final de las nuevas medidas será determinante si el Gobierno aplica estrictamente el artículo 27 bis, y las empresas que operan en el continente deberían demostrar que sus estructuras societarias están efectivamente separadas de aquellas que participan de la pesca en Malvinas. Si el nuevo proyecto que prometen Milei y Quirno amplía todavía más el concepto de vinculación, el universo de compañías potencialmente alcanzadas podría crecer y afectar a la industria nacional.
Para una industria en la que las cuotas de captura representan uno de los activos centrales de las compañías, la posibilidad de perder una autorización o una cuota puede ser mucho más relevante que cualquier sanción económica.
La cuestión también adquiere una dimensión internacional. Buena parte de los vínculos que preocupan al Gobierno involucran capitales españoles y empresas que comercializan su producción en Europa. Serían los principales afectados.
Si se endurece la legislación de parte del gobierno libertario, el problema para las empresas pesqueras argentinas no es necesariamente tener una licencia en Malvinas, sino mantener vínculos económicos o societarios con compañías que pescan allí bajo licencia británica; y eso es precisamente lo que contemplaba el artículo 27 bis.
En la práctica, el Consejo Federal Pesquero casi nunca aplicó la caducidad automática que prevé la ley. Ni siquiera bajo el kirchnerismo.
Los archivos dan cuenta del caso Pescapuerta–Estrella Patagónica como el presuntamente más claro de una empresa con continuidad societaria entre una operación argentina y otra vinculada a la pesca en Malvinas. Pescapuerta Argentina S.A. no creó una empresa nueva llamada Estrella Patagónica en 2015, según los registros. Cambió su denominación social.
Siempre según los archivos, la controversia tuvo su nudo en que Pescapuerta, como grupo español, también estaba vinculada a operaciones pesqueras en Malvinas. Y al cambiar el nombre de la filial argentina permitió mantener los permisos y cuotas argentinas mientras el grupo continuaba operando en las islas.
En Wofco–Polar, la situación es más compleja: Wofco no aparece como dueño de la licencia de Malvinas, pero sí tendría una vinculación con Lafonia, la sociedad española que comercializa la pesca de esos barcos y comparte directivos con sociedades isleñas.
Por eso, el punto jurídico no es quién figura como dueño de la licencia en Malvinas, sino si existe una relación económica, jurídica o de beneficio con quien pesca allí.
El porcentaje exacto de Wofco en Polar Seafish no está públicamente acreditado, por lo que no se puede afirmar que Wofco sea dueño de la pesquera isleña.
