Concentrados en la avenida Hipólito Yrigoyen, participantes de organizaciones como el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular intentaron avanzar hacia el puente para cruzar a la Ciudad de Buenos Aires, donde tenían previsto sumarse a una marcha que aboga por mejoras en los haberes jubilatorios. Sin embargo, fueron frenados por efectivos de la Prefectura Naval y la Policía Federal, quienes utilizaron gases lacrimógenos para disuadir su acercamiento. El enfrentamiento con los manifestantes se prolongó durante varios minutos.
Momentos de tensión también se vivieron en otros lugares del país, como en Rosario, donde militantes de estas mismas agrupaciones, junto a miembros de la Corriente Clasista y Combativa, intentaron bloquear la autopista que conecta la ciudad santafesina con Buenos Aires. En La Plata, también se registraron bloqueos en accesos y rutas.
Las manifestaciones se replicaron en distintas provincias, con el reclamo central de la reinstauración del program Volver al Trabajo, que proporcionaba a alrededor de 900.000 beneficiarios un monto de $78.000, el cual fue reemplazado por vouchers de capacitación.
Después de un fallo judicial inicial favorable para las organizaciones sociales, emitido por el juez Adrián González Charvay, que proseguía con la vigencia del plan mediante una medida cautelar, la ministra Pettovello logró revertir esta decisión ante la Cámara Federal de San Martín.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, quien lidera las protestas en el Puente Pueyrredón, expresó en sus redes sociales: “La infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestación de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. A metros de la estación Darío y Maxi. ¡COBARDES! VIVA LA LUCHA PIQUETERA.” Belliboni sostuvo que los beneficiarios del programa discontinuado son “compañeros que realizan una tarea social muy importante, no como Pettovello, que en tres años no hizo ninguna tarea social.”
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, advirtió que “está en riesgo la paz social, porque los pibes empiezan nuevamente a tener que chupar cartón para sobrevivir”. Según el dirigente del Movimiento Evita, el plan Volver al Trabajo implica “78.000 pesos miserables, pero a las familias les permiten planificar parte de su vida, dándoles de comer por lo menos una parte del mes a sus hijos y a sus hijas.” Gramajo criticó tanto la decisión del Gobierno de descontinuar el programa como la complicidad judicial que la respaldó.
Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda, también participó de la protesta en Avellaneda y manifestó: “Son un millón de planes sociales que son utilizados para alimentos, garrafas y en los consumos más esenciales. Estamos con esta lucha, no lo podemos permitir.”
En Rosario, los manifestantes obstruyeron la autopista que conduce a Buenos Aires, y aunque la Gendarmería logró desalojarlos sin incidentes, las tensiones fueron palpables. “Queremos trabajo y que se reestablezcan los programas sociales para destinar los fondos a los comedores”, declaró una militante del PO.
El Gobierno, el 17 de marzo, anunció el fin del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por vouchers de capacitación, con el objetivo de promover la inserción laboral. Esta medida forma parte del plan ex Potenciar Trabajo, y la administración planea aumentar su presupuesto a partir de este ahorro. Al asumir, el presidente Javier Milei implementó el congelamiento de varios programas sociales, entre los que se encontraba el ex Potenciar Trabajo, que se fijó en $78.000 desde diciembre de 2023.
De acuerdo con la UTEP, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor parte de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, con 430.824 personas, seguida por Tucumán, donde se registran 56.421 beneficiarios.
La protesta se da en coincidencia con la movilización semanal de jubilados que también exige mejoras en sus haberes. Hoy, participarán en el reclamo en el Congreso de la Nación las tres centrales obreras, reactivando su actividad en un plan de lucha que incluye una adherencia a la marcha del 7 de agosto por el Día de San Cayetano.
Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a aproximadamente $411.989, y al agregar un bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado desde el inicio de la gestión de Milei, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989.
Los grupos piqueteros que participaron de las protestas en el Puente Pueyrredón anunciaron su intención de unirse a la movilización de los jubilados en la plaza del Congreso.
