Los dirigentes de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, Juan Calandri, y Hernán Reyes presentaron una denuncia penal contra el directorio de AySA, cuya titular es Malena Galmarini, y contra los propietarios de la empresa Transclor SA, encabezada por Mauricio Filiberti, por los delitos de defraudación a la administración pública y violación de los deberes de los funcionarios públicos. “Nos encontramos ante una clase de defraudación, una estafa al Estado y a todos los argentinos”, señalaron. La denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional federal Nº 2.
El auditor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Calandri, la diputada nacional Mariana Zuvic y el legislador porteño Hernán Reyes, integrantes de la CC, solicitaron a la Justicia que investigue una maniobra para que la empresa Transclor S.A obtenga la renovación del contrato para el suministro y operación de la planta de policloruro de aluminio (PAC), hasta el año 2028 por un monto de U$S127 millones. Esta operación se realizó mediante la elaboración de un pliego confeccionado para la conveniencia del la empresa de Filiberti, que establece las condiciones para que Transclor siga siendo un proveedor privilegiado de la empresa estatal.
“Malena Galmarini podría haber reclamado la prórroga del acuerdo marco vigente por dos años más, lo que mantendría el precio de provisión del PAC en una cifra muy inferior en dólares (entre 390 USD y 430 USD la tonelada), lo que le permitiría al Estado ahorrar, en dólares, entre un 15% y un 25%. En cambio, AySA anunció la firma de un nuevo contrato por el que se pagarían 504 USD por tonelada. Galmarini se propuso asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, es decir, durante el mandato del próximo presidente”, sostienen desde la CC.
Los dirigentes de la CC presentaron, también, una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante, solicitaron que se apliquen penas y multas, y que se ordenen medidas pro competitivas. “Transclor S.A. incumple la Ley de Defensa de la Competencia debido a que permanece en una posición de dominio basada en tres factores principales: el acceso a insumos clave, la economía de escala y la integración vertical” señalan Calandri, Zuvic y Reyes.
“Desde hace veinte años, la empresa Transclor es la que opera la planta de Bernal que pertenece a AySA y produce el PAC, insumo que le vende a la propia AySA, entre otros clientes. El otorgamiento de esta concesión manipulada y parcial, que objetamos y denunciamos desde la CC, le permite a Transclor elaborar el insumo a un costo mucho más barato que sus competidores, dado que lo produce en la planta que pertenece a AySA y que tiene bajo su control. Sin embargo, se lo vende a la propia AySA a un precio excesivo, sin descontar todos los beneficios que la empresa recibe”, relatan los dirigentes de la CC. “También debería contemplarse el beneficio de proveer a una de las regiones con mayor número de consumidores de todo el mundo: el Área Metropolitana de Buenos Aires”.
“Esperamos que la Justicia actúe rápido para evitar que se siga consolidando un esquema de beneficios a empresarios cercanos a la familia Massa Galmarini”, expresaron Calandri, Zuvic y Reyes. “Queremos ahorrarle al Estado y a los argentinos millones de dólares. Massa es el garante de la continuidad de un sistema de corrupción kirchnerista que venimos denunciando hace años, y de un sistema de capitalismo de amigos que quiere profundizar”, agregaron.
“La contracara de estos proveedores que nacieron y crecieron al calor de privilegios que el Estado concedió y que los argentinos financiamos, son empresarios multimillonarios que cuentan con yates, aviones privados y una inmensa fortuna, como ya relatamos en el informe ´Crónica de un proveedor anunciado: la estrecha relación entre José Luis Lingeri, Mauricio Filiberti y AYSA”, agregaron.
“Para fijar el precio de la tonelada de PAC en 504 USD, AySA contrató a una consultora, quien realizó un análisis de la composición del costo. De este estudio se desprenden elementos incoherentes, incompletos o sesgados que pueden haber afectado sustancialmente el establecimiento del precio. En la denuncia mencionamos más de una decena de inconsistencias, como subestimar cantidades en el costeo, parcialidad en el precio de los insumos, utilizar cotizaciones de precios de insumos cuando el precio está en el pico más alto, o no calcular el gasto energético cubierto por AySA”, argumentan desde la CC.
“Finalmente, le solicitamos a la Justicia que investigue por qué AySA elaboró una comunicación en la que figura el precio de la tonelada de PAC casi un mes antes de que la consultora contratada hubiera emitido su opinión”, concluyeron Calandri, Zuvic y Reyes.
