Durante su presentación, Spagnuolo decidió no prestar declaración. Asimismo, no presentó un documento escrito y solicitó que se realice una pericia sobre los audios relacionados con su investigación.
A continuación, el segundo a cargo de la ANDIS, Daniel María Garbellini, también se negó a declarar, sin presentar un escrito similar al de Spagnuolo.
En la resolución emitida por el juez federal Ariel Lijo se indica: “Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.
El juez también dispuso la inhibición general de bienes de los involucrados en el caso. Lijo subrayó: “Las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”.
Aunque ya había varios procesados desde febrero, en los últimos meses la pesquisa avanzó sobre un segundo circuito de desvíos en la ANDIS. El fiscal federal Franco Picardi y Sergio Rodríguez, director de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), reportaron la detección de más de $75 mil millones asignados “en favor de un reducido grupo empresarial”.
Picardi afirmó: “Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.
La investigación indaga una serie de maniobras ilícitas que se habrían llevado a cabo, inicialmente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el cual la Agencia estaba bajo la dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.
