Fuentes oficiales han indicado que el documental argumenta que las protestas sindicales que caracterizaron el año electoral comenzaron con demandas salariales legítimas, pero que luego se transformaron en una estrategia política destinada a “desestabilizar al Gobierno” y perturbar el funcionamiento del hospital.
La producción revisa más de 40 medidas de fuerza que tuvieron lugar en 2025, incluyendo paros, movilizaciones, abrazos simbólicos, festivales y asambleas.
Asimismo, destaca la toma de la oficina de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre, un suceso que la administración nacional califica como de “extrema gravedad”. Desde Casa Rosada subrayan que este acontecimiento tuvo lugar después de que el personal recibiera un aumento salarial acumulado del 61%, en el marco de un proceso de reordenamiento de las finanzas del hospital.
El relato institucional contrasta estos eventos con lo que considera una nueva fase de gestión caracterizada por la eficiencia, el planeamiento y la inversión en infraestructura. El documental incluye testimonios de trabajadores que permanecieron en funciones durante el conflicto, quienes, según el Gobierno, aseguraron la atención de los pacientes a pesar de las protestas.
Por otro lado, la perspectiva de los sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones sanitarias es completamente disímil. Los trabajadores sostienen que el conflicto se originó en un notable deterioro salarial y en una disminución constante del financiamiento real del hospital. Distintos informes técnicos señalan que, aunque los presupuestos han crecido en términos nominales, la inflación ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los recursos asignados.
De acuerdo con datos comparativos, el presupuesto real del Garrahan habría caído notablemente entre 2024 y 2025. Los sindicatos aseguran que esta situación ha llevado a la pérdida de profesionales, dificultades para cubrir vacantes y mayores tensiones en áreas críticas de atención.
Además, denuncian un proceso de “disciplinamiento” contra los empleados que participaron en protestas y critican medidas adoptadas por las autoridades, como los controles biométricos de asistencia y despidos de líderes sindicales, varios de los cuales están actualmente en vías judiciales.
El debate también abarca el modelo de financiamiento del hospital. Mientras que el Ministerio de Salud argumenta que el Garrahan cuenta con recursos suficientes y que parte de sus problemas se deben a deudas de terceros y problemáticas internas de gestión, los representantes de los trabajadores exigen una mayor inversión estatal y advierten sobre el riesgo de deterioro de este centro de referencia para la atención pediátrica de alta complejidad.
