Esta modificación busca evitar que el fondo facilite reducciones de personal durante la campaña electoral por la reelección de Javier Milei, en un contexto marcado por la disminución del empleo formal, el cierre de fábricas y una caída general en la actividad económica.
Sin embargo, es importante señalar que esta decisión no prohíbe las desvinculaciones laborales en el período electoral ni antes de este. Las empresas seguirán pudiendo despedir trabajadores, aunque deberán cubrir las indemnizaciones con fondos propios, ya que no tendrán acceso al FAL creado por la reforma laboral. Lo que se está postergando es la posibilidad de acceder a un mecanismo que facilitaría ese financiamiento.
Para extender esta incapacidad más allá de los comicios, el Ministerio de Economía ha introducido dos cambios importantes. El primero consistió en retrasar el inicio del régimen del 1 de noviembre al 1 de diciembre del presente año. El segundo cambio amplía el período de carencia de 6 a 12 meses, durante el cual los empleadores deberán realizar aportes sin poder usarlos para abonar indemnizaciones.
Esta combinación desplaza la disponibilidad de fondos desde mayo hasta diciembre de 2027, lo que significa que el FAL estará bloqueado durante toda la campaña presidencial, quedando habilitado solo al finalizar el proceso electoral.
El oficialismo busca mitigar el riesgo político que podría surgir si se facilita de manera excesiva el pago de indemnizaciones, lo que podría llevar a un aumento de despidos antes de las elecciones.
Un punto crítico de este sistema es que podría incentivar las desvinculaciones, ya que las empresas realizarán aportes periódicos con dinero que previamente se destinaba a la Anses, acumulando así recursos para futuras contrataciones. Esto podría facilitar el desembolso que implica el despido de empleados.
Además, la postergación beneficia a entidades financieras y administradoras, que contarán con más tiempo para implementar el régimen y acumular fondos. Para la administración, esta estrategia permite demorar posibles efectos adversos en el mercado laboral hasta después de las elecciones, sin alterar la estructura fundamental del mecanismo.
