La Corte Suprema de Justicia está en condiciones de evaluar los sobreseimientos de dos exfuncionarios del kirchnerismo, quienes han sido acusados de no haber realizado un control adecuado sobre una subsidiaria de Barrick Gold en la mina Veladero, ubicada en San Juan, donde se produjo un derrame de cianuro hace once años. La causa que ahora podría reabrirse involucra al exsecretario de Minería de la Nación, Jorge Omar Mayoral, y a la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental, Beatriz Domingorena, por su supuesta omisión en los controles pertinentes en la operación de dicha subsidiaria. Los representantes de la empresa habían cumplido con una probation en San Juan y la compañía pagó 10 millones de dólares en concepto de multa por un caso que se había tramitado en los tribunales sanjuaninos. Sin embargo, el caso que ahora llega a la Corte es diferente, ya que fue tramitado en Comodoro Py y se centra en funcionarios de las áreas ambientales y mineras de la administración kirchnerista. Según los documentos judiciales, habían sido sobreseídos debido a la “afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”. La semana pasada, el asunto llegó al máximo tribunal luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal admitiera el recurso extraordinario presentado por el fiscal Mario Villar, en contra de la prescripción que había cerrado el caso para el exsecretario Mayoral y la exsubsecretaria Domingorena, según se desprende de la resolución del 8 de octubre a la que se tuvo acceso. Los jueces de la Casación, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, coincidieron en que la fiscalía había planteado “cuestiones de índole federal que deben resolverse ante el más alto tribunal”. El juzgado federal de María Servini había dictado la prescripción “por afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”, lo que llevó a los sobreseimientos de los exfuncionarios. Barrick Gold había informado a las autoridades de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, al cierre de 2023, que “las audiencias orales, que estaban inicialmente previstas para abril y mayo de 2020 en este asunto”, habían “sido aplazadas”, sin nueva programación, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, según se consignó en el reporte presentado ante la SEC. Las autoridades de Barrick Gold no formaban parte del proceso judicial que se llevó a cabo en Comodoro Py, pero registraron su seguimiento en los informes entregados al organismo estadounidense. El expediente abarcó a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. El juez Sebastián Casanello los procesó, al concluir que omitieron controles previos al derrame de cianuro. “La empresa se controlaba a sí misma”, expresó al elevar la causa a juicio. Durante la fase de instrucción, la defensa de Mayoral indicó que la acusación no especifica la “obligación que pesaba” sobre él en relación con una posible omisión, “ni cuál era su vínculo con el derrame de septiembre de 2015”. La defensa de Domingorena argumentó que “no existían elementos probatorios que corroboraran el nexo causal” entre el derrame y la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Esta historia se remonta al 13 de septiembre de 2015, cuando se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada debido a la ruptura de una válvula. Ante la ausencia de un muro de contención y con una compuerta abierta, el líquido se propagó hacia el río Potrerillo en vez de ser contenido en una pileta de contención, según se detalla en el expediente. El juez afirmó que, conforme a los testimonios obtenidos en el Juzgado Letrado de Jáchal, “se contaminaron los ríos Potrerillo, De las Taguas, La Palca, Blanco, dique Cuesta del Viento y Jáchal”. Este es uno de los puntos en que la Justicia y Barrick Gold discrepan. En sus reportes, la compañía rechazó que el incidente haya representado un riesgo para “la salud humana en las comunidades ubicadas aguas abajo”. A pesar de esto, las autoridades de la compañía no fueron incluidas en la investigación de Casanello, luego de un conflicto sobre la jurisdicción para su juzgamiento, que podría haber sido Comodoro Py (en la Ciudad de Buenos Aires) o San Juan (donde se produjeron los hechos). Lograron transitar el proceso judicial en los juzgados sanjuaninos, donde, como informó Barrick Gold, la empresa abonó una multa de diez millones de dólares y sus directivos se comprometieron a realizar tareas comunitarias a cambio de la suspensión del juicio a prueba. En 2018, el juez Casanello procesó a Mayoral y Domingorena, considerándolos con “poder de intervención”, con responsabilidades de control que no ejercieron. Ese mismo año, elevó la causa a juicio, indicando que la investigación había revelado que, desde el 10 de enero de 2012, Barrick operaba sin el Certificado Ambiental Anual. Según el magistrado, ese documento habría permitido conocer “los residuos peligrosos que manipulaba la empresa y que debían someterse a fiscalización y control de la Dirección Nacional de Control Ambiental”. Sin este documento, el Gobierno no habría podido supervisar ni tener información sobre las sustancias derivadas del cianuro empleadas por la minera. Barrick Gold ofreció su versión de los hechos. En los informes presentados a la SEC, señaló que “falló una válvula de una cañería del valle de lixiviación de la mina Veladero”. En esas presentaciones ante la SEC, Barrick Gold comunicó que, el 9 de octubre de 2015, la autoridad minera de San Juan había iniciado un proceso de sanción administrativa contra la subsidiaria en Argentina por supuestas violaciones al Código de Minería. “Se prevé que este proceso derive en una multa”, se indicó en su reporte anual de ese año. Posteriormente, la causa llegó a la etapa de juicio en el fuero federal, en el juzgado N°1, bajo la responsabilidad de la jueza María Servini. La resolución de la Cámara de Casación recuerda que este juzgado “resolvió declarar la prescripción de la acción penal”. En 2020, Barrick incluyó por primera vez en sus informes la frase: “Debido a la respuesta argentina al Covid-19 y a una impugnación procesal presentada por uno de los exfuncionarios federales, las audiencias orales originalmente programadas para abril y mayo de 2020 en este asunto fueron aplazadas y aún no han sido reprogramadas”. Hasta por lo menos 2023, esta frase continuó apareciendo en sus informes.
